sábado 24/10/20

El Supremo aclara a Torra que su inhabilitación se refiere también a Europa

El Supremo ha dejado claro en la sentencia contra el president de la Generalitat, Joaquim Torra, que la inhabilitación se extiende al ejercicio de cargos públicos electivos, desde el ámbito local al europeo, y al desempeño de funciones de gobierno, incluida la opción de ser eurodiputado

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Lo dice en la sentencia que desestima el recurso de casación de Torra contra la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia, en la que explica cual es el alcance de la inhabilitación a Torra, quien deberá abandonar el Palau de la Generalitat en cuanto el TSJC ejecute la resolución.

La condena, deja claro el Supremo, inhabilita a Torra para "el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo" y para "el desempeño de funciones de gobierno en los ámbitos local, autonómico y del Estado" durante un año y medio. Y eso incluye también "la imposibilidad de ejercer funciones de eurodiputado en el Parlamento Europeo".

El tribunal argumenta que los eurodiputados, además de defender los intereses de la Unión Europea, ejercen "funciones en representación del Estado español" y es de nuevo la Junta Electoral el órgano competente en la presentación y proclamación de candidatos a las elecciones al Parlamento Europeo.

Estos candidatos, prosigue el Supremo, deben cumplir una serie de requisitos, incluido el no haber sido condenado a pena de inhabilitación o suspensión para empleo o cargo público, que es, dice la sentencia, "precisamente" lo que ocurre en este caso.

Porque para el tribunal sería una "burla" que la inhabilitación "se limitase al cargo específico en el que se cometió el delito y permitiese al condenado seguir cometiendo esta clase de delitos en otro cargo análogo (...) por el mero hecho de trasladarse de un cargo de representación política a otro similar en el propio gobierno autonómico, o de la nación, en el Parlamento Autonómico, del Estado o de la UE, o en el ámbito municipal".

Es decir, mantenerse en el puesto de president o la posibilidad de ser elegido para otro cargo representativo mientras cumple la condena de inhabilitación "contradice la propia naturaleza de la pena principal".

Pero es que además, prosigue el Supremo, sería una interpretación de la norma que conduciría "al absurdo" porque dejaría "al criterio" de un partido o del propio político condenado "decidir si puede o no continuar ostentando ese puesto en nombre de los ciudadanos" cuando precisamente esa condena lo que pretende es evitar que continúe tanto en ese cargo como en "otros análogos".

En cualquier caso, los magistrados recuerdan que el TSJC ya especificó la extensión de la inhabilitación, como exige la norma. 

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