miércoles 20.11.2019

Supremo: el 1-O no fue una manifestación, fue un levantamiento tumultuario

El Tribunal Supremo sostiene en la sentencia del "procés" que el 1-O no fue solo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana, lo cual no habría sido delito, sino que fue "un levantamiento tumultuario" alentado por los condenados para intentar convertir en "papel mojado" decisiones judiciales

Supremo: el 1-O no fue una manifestación, fue un levantamiento tumultuario

Según los magistrados, las actuaciones de los días 20 de septiembre (ante la Conselleria de Economía) y 1 de octubre de 2017 "estuvieron lejos de una pacífica y legítima manifestación de protesta".

En el primero de los casos, la "hostilidad desplegada" impidió a los funcionarios cumplir con normalidad la orden judicial del registro, ocasionándoles "miedo real"; mientras que el día del referéndum se registró un "uso de fuerza suficiente para neutralizar" a los agentes que legítimamente trataban de impedir la votación, en cumplimiento también de un mandato judicial.

Los magistrados dejan claro que nada hay que reprochar a "protestas multitudinarias o manifestaciones con lemas duros y combativos" y aseguran que el derecho a la protesta y la disidencia ampara también críticas "descarnadas, subidas de tono, agrias y descalificadoras",

Pero "lo que no puede tolerar" ninguna Constitución en un Estado de derecho, añaden, es supeditar el acatamiento de una decisión judicial a la voluntad de "una, diez, mil, miles o millones de personas".

"Máxime cuando hay otro tanto numérico de ciudadanos que confían en esa decisión y la respetan e incluso la comparten, y quieren confiar en que también ellos serán protegidos por el Estado de derecho", se recuerda en la sentencia.

El Supremo destaca que hay muy escasas limitaciones a los derechos de libertad de expresión, manifestación y protesta y afirma que los sistemas jurídicos deben ser "permeables y receptivos" frente a las protestas y las aspiraciones de reformas, pero insiste en que "un ordenamiento que consintiese la violación de sus normas penales en aras de ese derecho a la disidencia, sería un ordenamiento suicida".

En opinión de los magistrados, el sistema "no puede claudicar frente a quien quiere imponer sus propias convicciones a través de conductas que el Código Penal sanciona como delito, en oposición y desafío a las mayoritarias, que son las que hay que presumir que cristalizan en la Constitución y en las leyes aprobadas con arreglo a los mecanismos constitucionales democráticos".

Para demostrar que no se han criminalizado actos de protesta, se recuerda que ningún ciudadano que asistió a las manifestaciones ha sido acusados por ese hecho y que tampoco han sido acusados de un delito de reunión o manifestación ilícita los condenados que participaron en protestas en la calle, como Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Jordi Sánchez o Jordi Cuixart.

El Supremo considera además una "irreductible paradoja" que los responsables políticos puedan esgrimir la "desobediencia civil", "como personajes que encarnan un poder público que se desobedece a sí mismo, en una suerte de enfermedad autoinmune que devora su propia estructura orgánica". 

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