lunes 23/11/20

¿Quiénes degradan a los castellano-hablantes en Cataluña?

La Ley de Educación, ya bautizada para su desdicha como Ley Celaá, presenta un sinfín de aspectos polémicos y retrógrados, pero sin duda uno de los más llamativos, por deleznables, es el menosprecio que intenta consolidar hacia el castellano en las aulas, convirtiéndolo en las regiones históricas poco menos que en una lengua que pasaba por allí, siendo la primera del Estado y una de las primeras -habladas y celebradas- del mundo, por méritos propios y enormes. ‘Mandahué’, como se dice en el mañanero programa de Alfonso Arús.

Es verdad que la propuesta del bigobierno PSOE-Podemos es todo un despropósito, amén de que seguramente resulta inconstitucional por vulnerar derechos fundamentales, los consagrados en la parte alta de la Constitución. Es cierto que la titular del ramo se ha esforzado poco por explicar -tal vez porque no las tiene- las bondades de erradicar el carácter vehicular del castellano en determinados sistemas educativos autonómicos. Es una evidencia que el Partido Popular, en las legislaturas de Aznar y Rajoy, en absoluto defendió el español en Cataluña y a quienes lo hablan habitualmente no como se merecían sino como establecen nuestras leyes que hay que hacerlo.

Ahora bien, lo que no tiene un pase es que Celaá, reconociendo para más inri que anteriores presidentes del gobierno no actuaron debidamente en la promoción y salvaguarda del español en Cataluña, haya trazado un plan para terminar de incinerarlo, rematándolo a bocajarro. Es simplemente obsceno.

Los daños y destrozos sobre las empresas y las personas que ha producido década tras década, sorprendentemente en democracia, la discriminación ilícita e ilegítima -además de sangrante e impune- de quienes hablan nuestra lengua en una parte de nuestro país siguen sin ser reparados. Todavía más: seguiremos siendo cuestionados como un Estado fallido en la vieja Europa, y con razón, hasta que no tomen lo alto de nuestra nación, con agallas y principios, dirigentes que se apliquen la regla inamovible pero continuamente violada de que los españoles somos iguales ante la ley. Esos dirigentes, luctuosamente, ni están ni se les espera.

 

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