martes 25.02.2020

Los principales condenados por el caso Marea ingresarán en prisión el lunes

La Audiencia Provincial de Oviedo ha ordenado la ejecución de la sentencia del caso Marea, la principal causa de corrupción investigada en Asturias hasta la fecha, y el ingreso en prisión de los principales condenados el próximo lunes, 7 de octubre

Los principales condenados por el caso Marea ingresarán en prisión el lunes

Según el auto comunicado a las partes deberán ingresar en prisión la exfuncionaria Marta Renedo Avilés, el exconsejero socialista de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general de esta departamento María Jesús Otero y los empresarios Victor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín, todos ellos con penas superiores a los dos años.

En concreto, las penas firmes ascienden a 9 años de cárcel para Renedo; 5 años para el exconsejero; 5 años y 5 meses para la ex directora general; 5 años y 2 meses para Víctor Manuel Muñiz, y 2 años y 8 meses para Alfonso Carlos Sánchez.

La ejecución de sentencia se produce después del último fallo del Tribunal Supremo que rebajó las penas impuestas por la Audiencia Provincial a los principales acusados, a excepción de la exfuncionaria Renedo, para la que mantuvo los nueve años de prisión.

La Sala de lo Penal del Supremo consideró acreditado que el procedimiento de adjudicación de contratos de suministro y de obras en cuatro consejerías del Principado "quedó sustancialmente corrompido".

El alto tribunal declaró probado que los empresarios Muñiz y Sánchez proporcionaron dádivas a María Jesús Otero y Marta Renedo a cambio de adjudicaciones en suministros de equipamientos, material y obras para las Consejerías por valor superior a dos millones de euros.

A través de este procedimiento, se acabó implantando un sistema mediante el que se corrompió la objetividad e imparcialidad en la adjudicación de los contratos de la administración pública ya que, en unos casos, los funcionarios condenados que percibían las dádivas adjudicaban con asiduidad los contratos de prestación a sus empresas.

En otras ocasiones, los funcionarios condenados consintieron que los empresarios no entregaran, total o parcialmente, el material y la mercancía que había adquirido el Principado, de tal forma que éste abonaba las facturas y no recibía a cambio el suministro comprado o la obra estipulada, por lo que los empresarios invertían una parte del dinero retenido no entregado en dádivas y se quedaban con la otra parte.

Las primeras irregularidades del caso Marea fueron detectadas a principios de 2010 en la adjudicación de contratos, si bien el alto tribunal estima que empezaron a producirse en 2003 en el ámbito de las consejerías de Asuntos Sociales, Cultura, Administraciones Públicas y Educación.

La alta funcionaria del Principado fue detenida en enero de 2011 junto a Iglesias Riopedre, que dimitió cinco meses antes de su cargo de consejero alegando motivos de salud tras formar parte de los sucesivos gobiernos de Vicente Álvarez Areces y María Jesús Otero. 

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