lunes 29/11/21

Con el abono del tercer y último tramo del acuerdo que en su día se alcanzó, 807 millones comprometidos en marzo de 2018 para cerrar la brecha retributiva con las policías autonómicas, el problema, tal y como estaba previsto, en absoluto se ha resuelto. Es decir, la injusticia continúa: simplemente ha disminuido de tamaño con la colocación de un parche.

A partir de este momento, con la subida ya implementada, un policía en Cataluña, por ejemplo, cobrará 118 euros menos al mes que un ‘mosso’. La subida ha sido histórica, sin duda, pero en modo alguno se ha puesto en su sitio al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil. ¿Por qué?

El Estado de las Autonomías no es un modelo pernicioso en sí, pero en su aplicación produce continuos trastornos por dos razones hasta hoy irresolubles. La primera es que los dirigentes regionales, con frecuencia y casi como regla, tienden a hacer de su capa un sayo, y eso afecta no sólo al acaparamiento excesivo de competencias sino a la dotación para las mismas -especialmente las superfluas, las vinculadas a los chiringuitos- de excesivas cantidades económicas. La segunda es que no ha habido hasta ahora un presidente del gobierno que haya puesto indiscutiblemente en valor, también en lo relativo a la posición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que su prevalencia debe ser indiscutible respecto de otras policías absolutamente respetables y útiles, pero menores.

Precisamente uno de los retos en el tiempo de las ‘fake news’ es el de conseguir que a las cosas se las llame por su nombre, un desafío por cierto viejo como la propia Historia de la Humanidad. Pedro Sánchez ya no lo hará, pero un inquilino en La Moncloa de signo distinto debería completar el trabajo indiscutiblemente inacabado: el de, de una vez por todas, fijar nóminas para los agentes del CNP y la GC que igualen, y hasta superen a las de ‘mossos’, ‘ertzaintza’ o los forales de Navarra. Quienes velan cada día por nuestra seguridad y nuestras libertades no merecen menos… ni esperar más.

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