lunes 16.12.2019

Monasterio defiende la legalidad de la reforma que hizo de un 'loft'

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido este miércoles la legalidad de la reforma que hizo de un 'loft' en 2006 tras haberlo vendido a una particular su marido, el también líder de Vox Iván Espinosa de los Monteros, una nueva operación cuestionada por presuntas irregularidades

Monasterio defiende la legalidad de la reforma que hizo de un 'loft'

'El País' publica una información este miércoles donde cita el testimonio de la compradora del inmueble, que "se siente engañada" porque cuenta que era un 'loft' en suelo industrial y le aseguraron que se podía convertir en residencial, "algo que nunca ocurrió".

El periódico adjunta una solicitud al Ayuntamiento de Madrid en la que Monasterio pide el cambio de uso de suelo industrial a vivienda de este antiguo taller, situado en la calle Amalia, en Tetuán.

Esta información se une a las publicadas en los últimos días por El País y eldiario.es referidas a sendos proyectos firmados por Monasterio en 2003 y 2004, etapa en la que, según ha admitido la propia portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, aún no tenía la titulación de arquitecta.

Monasterio ha colgado en Twitter las imágenes de los dos contratos que, según ella, avalan la validez de la nueva operación de la que ha informado 'El País': el de la venta del "local industrial" entre Espinosa de los Monteros y la particular y otro, entre ésta y Monasterio, para un servicio de interiorismo.

"No se puede manipular la realidad, que es sencilla, como se comprueba con los contratos. La clienta compra un local industrial y contrata a una empresa para hacer interiorismo. Luego si la clienta tiene diferencias con un vecino de patio o problemas médicos, no debería ser utilizada para manipular una noticia", ha escrito Monasterio.

Además, Monasterio y Espinosa de los Monteros han tenido que cerrar hace apenas un mes el despacho de arquitectura que la actual portavoz tenía en el sótano de su chalet, antes de que el Ayuntamiento de Madrid ejecutase una orden de clausura del conjunto de la vivienda por no tener licencia de funcionamiento de esta actividad ni licencia de primera ocupación. 

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