martes 20.08.2019

Marchena pide que no se pueda disolver un partido por delitos locales

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha propuesto este martes una reforma de la responsabilidad penal de los partidos políticos para evitar que puedan ser disueltos en el ámbito nacional por delitos cometidos en alguna de sus agrupaciones

Marchena pide que no se pueda disolver un partido por delitos locales

Manuel Marchena ha realizado esta propuesta durante su intervención en el curso de verano de la Universidad Complutense sobre "Justicia y desarrollo económico", organizado por la Asociación Profesional de la Magistratura en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

El magistrado ha aclarado que no ve obstáculo constitucional a la reforma del Código Penal de 2012 que amplió a los partidos políticos la responsabilidad penal de las personas jurídicas que ya estaba reconocida para las empresas.

No obstante, ha añadido que teniendo en cuenta que la Constitución reconoce que los partidos políticos son el instrumento para la expresión de la voluntad popular "hay que reformar las penas".

A su juicio esta reforma debe procurar "evitar la disolución, la administración judicial o incluso la suspensión del partido político y hay que ir a una propuesta dogmática que redefina el sentido formal de la persona jurídica y permita compartimentar los focos políticos de decisión".

Marchena ha comentado que la introducción en 2012 en el artículo 31 bis del Código Penal de la responsabilidad penal de los partidos políticos como personas jurídicas fue controvertida e inicialmente no estaba prevista.

"Suscitó dudas y controversia", ha recordado el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, para quien "el debate está aún abierto porque los partidos políticos son el vehículo para la expresión de la voluntad popular, según está recogido en la Constitución".

Marchena ha insistido en que "no hay un obstáculo constitucional para entender que un partido político pueda ser responsable penal por un determinado hecho delictivo pero sería indispensable una adaptación de las penas que se le pueden imponer para impedir por ejemplo su disolución".

"La corrupción en una determinada agrupación local de un partido no puede dejar sin referencia política a todos aquellos ciudadanos que en otras partes del territorio nacional se sientan identificados con esa opción", ha mantenido.

En definitiva ha recalcado: "No se puede someter a un partido a las penas que contempla el artículo 31 bis con carácter general -para empresas y formaciones políticas-, entre otras, la disolución, la suspensión o la administración judicial".

"Hay que adaptar las penas pues no se puede acordar la disolución de un partido político por un hecho concreto, geográficamente localizado y que es subsanable con la condena de los responsables de forma individualizada", ha subrayado.

Y además se ha preguntado; "¿Alguien se imagina a un partido político administrado judicialmente desde la Audiencia Nacional?. Esto no tiene ningún sentido".

Manuel Marchena, que presidió el tribunal que juzgó a los acusados en el conocido caso del procés, seguido por el proceso de independencia de Cataluña, se ha negado a contestar a preguntas sobre este asunto al estar pendiente la sentencia. 

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