martes 25.02.2020

El juez interroga a Villarejo por videoconferencia sobre el proyecto Land

El excomisario José Villarejo declarará este jueves por videoconferencia sobre el supuesto encargo que le hizo Susana García-Cereceda para espiar a su hermana Yolanda y a la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara, dentro de la disputa familiar por la herencia del fundador de la urbanización de lujo La Finca

El juez interroga a Villarejo por videoconferencia sobre el proyecto Land

Además de a Villarejo, el juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, también tiene previsto interrogar como investigados en la pieza Land, en la que se investigan estos hechos, a la esposa de Villarejo, Gemma Alcalá, y al socio del excomisario, el abogado Rafael Redondo.

También están citados los representantes de 3 empresas sucesoras de la promotora de La Finca, Procisa, La Finca Global Assets, La Finca Somosaguas Golf y La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios, que están imputadas como personas jurídicas.

A lo largo de esta jornada, el juez tiene previsto asimismo tomar declaración a otros tres investigados: la accionista mayoritaria de Procisa, Susana García-Cereceda, hija del fallecido promotor de la Finca, Luis García-Cereceda; el que fuera consejero de la promotora Francisco Lorenzo Peñalver y el responsable de seguridad David Fernández.

En esta pieza se investiga un supuesto encargo a Villarejo por parte de Susana García-Cereceda para espiar a su hermana Yolanda y a la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara, dentro de la disputa familiar por la herencia del fundador de La Finca, ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Según las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción, Procisa "habría pagado 340.252 euros" a Villarejo por el proyecto Land existiendo, a su juicio, "indicios" que "corroborarían con una extraordinaria claridad" que el pago se hizo "de forma opaca".

Sin embargo, según la información recogida en las bases de datos tributarias de la que la Fiscalía se hace eco en su escrito pidiendo la imputación de Procisa, el grupo Cenyt -propiedad de Villarejo- facturó de esta empresa 362.082 euros en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

La tesis de los fiscales es que los 21.830 euros restantes procedían de un encargo anterior: un informe que Susana García-Cereceda y Lorenzo Peñalver presuntamente pidieron a Villarejo en 2012 sobre varias sociedades con las que tenían un procedimiento judicial por el que reclamaban a Procisa 70 millones de euros.

Además de ese informe, los fiscales sostienen que Cenyt entregó un segundo sobre la jueza que debía resolver el pleito.

En el marco de esta pieza, el juez interrogó el pasado mes al exdirector de la agencia de detectives Método 3, radicada en Cataluña, Francisco Marco, quien reconoció haber elaborado un informe, fechado en julio de 2012, para un despacho de abogados en representación de Silvia Gómez Cuétara, personada como perjudicada.

De otro informe, fechado en febrero de ese mismo año, dijo que solo en parte era suyo, pero que tenía añadidos que él no había realizado.

Esos informes, según explicó, se encontraban en el registro del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona y el propio Villarejo declaró que los obtuvo de una fuente policial. 

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