domingo 24/1/21
EDITORIAL

El inaceptable anacronismo de una justicia machista

Año 2021. Parece mentira pero hemos conocido que un juzgado de Cáceres se ha negado a atender la petición de suspensión de juicio solicitada por la abogada defensora de un menor, a consecuencia de encontrarse la letrada en avanzado estado de gestación, del que “sale de cuentas” dos días antes de la fecha señalada para la vista.  

            El caso es tan surrealista como cierto y lamentable. El Tribunal Constitucional ha proclamado insistentemente el derecho de asistencia de un letrado de la propia elección del justiciable. De la misma forma, nuestros más altos tribunales han establecido que no está contemplada la “designación preventiva” de un abogado de oficio, ni tampoco la designación de un abogado de oficio en sustitución del designado libremente por el justiciable para su defensa, salvo tasadísimas excepciones.

            Nuestras propias leyes establecen como causa de la suspensión del juicio oral el supuesto de que el abogado defensor de cualquiera de las partes enferme repentinamente hasta el punto de que no pueda continuar tomando parte en el juicio. Por supuesto, esas leyes, actualizadas y revisadas, establecen como causa de suspensión, entre otras, la baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión. El objetivo es claro: que no quede en entredicho la tutela judicial efectiva, produciéndose indefensión.

            Como con tanto tino ha señalado ALTODO, una asociación que lleva a cabo una promoción encomiable, humana y eficaz del turno de oficio y de la propia dignidad de la Abogacía a pie de asfalto (a veces ante la parálisis o las iniciativas timoratas de la propia Abogacía institucional) es lamentable que aún haya jueces que demuestren tan escasa empatía por profesionales, en este caso una mujer, que ha elegido ser madre sin renunciar por ello a su oficio sino, por el contrario, intentando conciliar ambas vidas y caminos.

            El problema no es sólo que un tribunal pueda echar por tierra la leal colaboración que buscan los abogados quitando a unos y proponiendo otros para la defensa de un ciudadano. El fondo mayor es que desde la propia Administración de Justicia se lancen mensajes machistas, con acciones anacrónicas y carcas, que nos devuelvan a procedimientos en blanco y negro que la sociedad, sin paliativos, debiera inflexiblemente repudiar.    

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