lunes 1/3/21

La figura del consumidor vulnerable entra en vigor, ¿en qué consiste?

Está destinado a personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial, mujeres y personas que viven en el ámbito rural

El real decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que fue aprobado en el Consejo de Ministros del martes a iniciativa del Ministerio de Consumo, entra en vigor este jueves

La norma regula la figura del consumidor vulnerable y “refuerza” la protección de colectivos en situación de “mayor indefensión” en sus relaciones de consumo con las empresas.

Entre ellas, contempla a los menores, personas de avanzada edad, con bajo nivel de digitalización, con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial, mujeres, personas que viven en el ámbito rural o que tienen intolerancias o alergias alimentarias y, en general, aquellas personas que tienen dificultades por la falta de accesibilidad de la información.

En el caso de las personas con discapacidad, el texto reconoce que se pueden encontrar en “diferentes situaciones de vulnerabilidad” a la hora de desenvolverse en las relaciones de consumo “dependiendo de la capacidad de respuesta”.

Así, el Gobierno considera que están “más expuestas a la quiebra y vulneración de sus derechos como personas consumidoras”, dado que, a su juicio, “en muchas ocasiones” el mercado de bienes, productos y servicios “carece de condiciones de accesibilidad universal, dificultando su desempeño como consumidores protegidos”.

Como ejemplo, cita las personas con discapacidad visual, que pueden “ver impedido” el acceso a la información que incorporan las etiquetas de los productos de uso cotidiano.

A partir de ahora, las empresas tienen la responsabilidad de prestar apoyo adicional en la información que facilitan para la toma de decisiones, con el objetivo de que los consumidores vulnerables no vean limitada su accesibilidad y por primera vez se incluye en la ley de forma expresa la obligación, por parte de las empresas, de prestar los apoyos necesarios a los consumidores vulnerables para que puedan comprender correctamente el contenido de los contratos que firman.

En relación con las prácticas comerciales relativas a servicios financieros y bienes inmuebles, y en el ámbito de las telecomunicaciones o energético, la nueva norma estima que podrán establecerse normas legales o reglamentarias “que ofrezcan una mayor protección al consumidor o usuario”.

Se han incluido asimismo, medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes para “dar cobertura inmediata” a las situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales en las que el lanzamiento afecte a personas que carezcan de título para habitar una vivienda.

Para el titular de Consumo, todos estos colectivos están “particularmente expuestos" a abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información y por las que el Gobierno desarrolla medidas “especiales” de apoyo o asistencia para garantizar que toman las decisiones de consumo acordes con sus intereses.

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