jueves 22/10/20

Exembajador de Guatemala en EE. UU. y Villarejo declaran esta semana por Pit

El exembajador de Guatemala en Estados Unidos Jorge Ligorria y el excomisario José Villarejo están citados esta semana a declarar investigados en el marco de la pieza Pit del caso Tándem, sobre la contratación de Villarejo por parte del naviero Ángel Pérez-Maura para evitar su extradición a Guatemala

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En un auto, el juez ha emplazado a Ligorria este martes y a Villarejo el miércoles, pero la ronda de declaraciones comenzará este lunes con la comparecencia de David Macías, que ejerció de abogado de Villarejo, y Rafael Redondo, que fue socio del excomisario en sus negocios supuestamente irregulares.

Aparte de Ligorria, el martes está también citado como imputado el empresario Armando Mateo Flandorfer.

Estas citaciones se producen después de que el pasado día 8 fueran detenidos por Pit el propio Pérez-Maura y su hermano Álvaro, así como el empresario Adrián de la Joya; el CEO de la naviera catalana Grup Maritim TCB, Francisco Soucheiron, y el abogado Enrique Maestre.

Todos ellos quedaron en libertad bajo distintas fianzas de entre 200.000 y 750.000 euros, que abonaron días después.

A Pérez-Maura se le investiga por el pago de 10 millones de euros a Villarejo para evitar su extradición a Guatemala y también por sobornar en 2016 al gobierno guatemalteco con 30 millones de dólares para que favoreciera a su naviera Grup Maritim TCB.

Esta última comisión se pagó supuestamente entre los años 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, con ese soborno a los ex dirigentes guatemaltecos pretendían que la mercantil Grup Maritim TCB, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.

Estos hechos llevaron a las autoridades guatemaltecas a reclamar la entrega de Pérez Maura en abril de 2016, que finalmente fue denegada por la Audiencia Nacional.

En la pieza se investiga también la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del ex-comisario Villarejo por parte de la mercantil A Pérez y Cia S.L., relacionada con el naviero, para tratar de impedir la extradición.

Con esa contratación el empresario quería, según la Fiscalía, obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.

Guatemala pidió la entrega de Pérez-Maura por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho, pero la Audiencia Nacional, cuando denegó su entrega por ser de nacionalidad española, afirmó que en España solo se le puede investigar por este último delito y abrió la puerta para poderle enjuiciar en territorio español. 

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