sábado 8/5/21

Estrella Digital

EDITORIAL

El Estado y los contratos Covid-19: ¿juego limpio?

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Ya de por sí es un caso delictivo de libro malversar el dinero de los ciudadanos. Pero un agravante, definitivo, más allá del Código Penal, desde el punto de vista ético, es que se haga un mal uso de los caudales públicos aprovechando una desgracia sanitaria de la población, de tales dimensiones como para adquirir el calificativo de pandemia. Y ahí estamos.

            La Fiscalía Anticorrupción en Baleares se puso hace semanas manos a la obra y ha detectado, de salida, un sobrecoste no justificado de más de 4 millones de euros en el traslado de material Covid19. No sólo eso. La propia Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude ha desvelado irregularidades en el proveedor de confianza del ministro Ábalos. No se trata de números menores sino de cinco grandes contratos bajo sospecha, por valor que ronda los 45 millones de euros, con sociedades de objeto desenfocado y con vinculaciones investigadas con paraísos fiscales.

            Lo urgente y lo más importante (luchar y vencer definitivamente al virus) no nos puede distraer, ni puede distraer a la oposición de lo que igualmente apremia y es relevante: analizar y certificar si, en plena vorágine de aprovisionamiento de todo tipo de material adquirido echando mano del bolsillo del contribuyente (guantes, mascarillas, respiradores…) se han producido actos ilícitos, no sólo intolerables sino perseguibles de oficio por ley.

            España, también y especialmente en esta legislatura, tiene una asignatura pendiente, y son sus políticas de transparencia. Qué duda cabe que en los últimos años se han producido avances en la rendición de cuentas ante el ciudadano. Pero quedan aún muchas zonas de sombra, muchos procedimientos poco claros, muchas conexiones cuyo sentido (a veces terrible) cuesta desentrañar.

            Hemos de hacerlo. Es una tarea colectiva. No podemos bajar bajo ningún concepto la presión. Son ingentes, archimillonarias las cantidades succionadas de las arcas públicas como para que, en algunos casos, hayan servido para beneficiar, desbordando la legislación vigente, a quienes los que ejercen el poder han arbitrariamente decidido. Es una cuestión de higiene democrática. Y de lucha, pura y dura, sin cuartel, contra la corrupción.

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