miércoles 28/7/21
EDITORIAL

¿Es lícita la persecución al sector del juego?

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Por un lado va la propaganda y por otro los hechos y sus circunstancias, la realidad. Sucede en numerosos ámbitos de la vida, y desde luego los políticos lo conocen a la perfección, como cualquier hijo de vecino. 

Ya va para un par de años que en España se ha lanzado una campaña feroz para demoler la imagen y la reputación de las casas de apuestas y, en general, del sector del juego. De todo aquel trozo de la tarta que no es Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, naturalmente. Y esto ha coincidido con la fuerte presencia de las apuestas online, actuando compañías ciertamente potentes e internacionales como legítimos patrocinadores en el ámbito, directamente, del deporte.

En medio de este acoso y de la propagación de ideas que se daban por incuestionables, ha aparecido el legítimo ejercicio del derecho de defensa. En concreto, Codere ha salido al paso para concluir que no hay evidencia de que la cercanía de las tan demonizadas y hasta criminalizadas casas de apuestas a los colegios afecta a los menores: “no es un factor relevante” en la protección del acceso a quienes no han alcanzado los 18 años. 

Esto sucede cuando varias Comunidades Autónomas han aprobado ya normas duras e innegociables para fijar distancias entre colegios e institutos y estos locales y cuando hay estudios sobre el comportamiento de los jugadores que establecen que precisamente los potencialmente patológicos no juegan cerca de casa o del lugar de trabajo. Pensemos en otras adicciones y en la opinión de los expertos: “en España tenemos más bares en una manzana que Dinamarca probablemente en una ciudad, y el porcentaje de alcohólicos es el mismo”.

No cabe duda de que cualquier sociedad que se precie responsable, y desde el Estado, debe poner todos los medios posibles para tratar las adicciones que pueden desembocar en trastornos mentales y en la propia ruina económica de familias enteras. Pero eso es una cosa, y es un camino en el que debe seguir profundizándose a nivel institucional y sanitario, y otra distinta emprender medidas que provocan elevadísimas pérdidas económicas en un sector de la economía que, con razón, rechaza los planteamientos coercitivos, artificiosos… y moralistas.

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