viernes 15.11.2019

La defensa de los CDR denuncia coacciones y amenazas en los interrogatorios

La plataforma Alerta Solidaria, que defiende a los siete CDR encarcelados por terrorismo, cree que no se pueden dar por válidas las declaraciones de dos implicados, uno de los cuales vinculó al presidente Quim Torra con un intento de ocupar el Parlament, porque fueron interrogados bajo coacción y amenazas

La defensa de los CDR denuncia coacciones y amenazas en los interrogatorios

En un comunicado, Alerta Solidaria ha resaltado que, a la vista del contenido del sumario de esta causa que instruye la Audiencia Nacional, una vez se ha levantado parcialmente el secreto, las acusaciones contra los siete encarcelados -y otros dos CDR que quedaron en libertad tras ser detenidos- no tienen "ningún fundamento jurídico".

Según Alerta Solidaria, las declaraciones de Jordi R. y Ferran J., que en un principio eligieron un abogado de oficio aunque ahora son defendidos por esta plataforma independentista, no pueden tener ningún tipo de validez jurídica en un Estado democrático.

Ferran J., uno de los CDR en prisión acusados de preparar actos de sabotaje, declaró al juez de la Audiencia Nacional que el grupo planeaba encerrarse en el Parlament al menos cinco días, en los que el presidente catalán, Quim Torra, "iba a declarar la independencia".

Por su parte, Jordi R. admitió ante el juez que se dedicaba a fabricar sustancias explosivas como termita o nitrocelulosa, si bien negó que pretendiera utilizarlos.

Según Alerta Solidaria, estos dos detenidos tardaron entre 5 días (Jordi R.) y 25 (Ferran J.) en poder acceder a un abogado de confianza, una vez ya se habían producido las declaraciones, pese a que en los vídeos de los interrogatorios no se aprecia que pusieran ningún impedimento a ser asistidos por un abogado de oficio.

Además, remarcan que las declaraciones de ambos se hicieron "como mínimo" en un contexto de "coacciones y amenazas directas" hacia ellos y hacia sus familias.

Según esta organización, los detenidos sufrieron unas condiciones "inhumanas" de detención bajo custodia de la Guardia Civil, ya que fueron trasladados encapuchados, estuvieron días sin dormir y fueron interrogados de madrugada y durante horas "sin ningún tipo de garantía jurídica", vulnerando su derecho a defensa. 

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