jueves 2/12/21

El crimen de Lardero llega al Congreso este miércoles

Trece días después de que Javier Almeida fuera detenido como presunto autor del crimen de Lardero, el ministro del Interior,  Grande-Marlaska, tratará de zanjar en el Congreso si hubo algún fallo en la concesión del tercer grado 

Homenaje al pequeño Alex en Lardero  (1)
Homenaje al pequeño Alex en Lardero

Trece días después de que Francisco Javier Almeida fuera detenido como presunto autor del crimen de Lardero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tratará de zanjar en el Congreso si hubo algún fallo en la concesión del tercer grado o semilibertad al recluso que, ya en la calle, asesinó a un niño de esa localidad riojana.

Será en la sesión de control al Gobierno del pleno de la Cámara del próximo miércoles donde Marlaska tendrá que responder a sendas preguntas del PP y de Vox y a otras dos interpelaciones de ambos grupos sobre este asunto.

Fue el 28 de octubre cuando la Guardia Civil detuvo a Almeida después de que este hombre engañara a Álex cuando jugaba en un parque disfrazado por la fiesta de Halloween y, con alguna excusa, se lo llevara a casa.

Poco después, el pequeño fue hallado inconsciente en los brazos de Almeida. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por su vida y el niño, de 9 años, falleció.

La Guardia Civil detuvo al presunto asesino, un hombre de 54 años que estaba en libertad condicional desde 2020. Vecino de Lardero, Almeida cumplía condena por el asesinato y agresión sexual a una joven agente inmobiliaria, hechos ocurridos en Logroño en 1998 y por los que fue condenado a 20 y 10 años de prisión, respectivamente.

En 1993 fue condenado a 7 años de cárcel por otra agresión sexual, pena que quedó extinguida en mayo de 1997.

39 PERMISOS EN OCHO AÑOS, NINGÚN INCIDENTE

Desde la detención de Almeida se ha sucedido un debate no exento de polémica en torno a la concesión del tercer grado al recluso, de la que dará cuenta Marlaska en el Congreso, aunque el ministro ya ha asegurado que las administraciones actuaron conforme a la legalidad.

Aún así, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistió este viernes en que el Ejecutivo revisará si se produjo algún fallo en los protocolos.

Mientras, Marlaska, para quien en esta polémica "puede haber un poco hasta de maldad o de desinformación y, quizás, de una utilización política de una tragedia", tendrá que explicar la situación penitenciaria del detenido, interno ahora en la cárcel de Segovia, donde fue trasladado para garantizar su seguridad.

Ya han trascendido algunos datos, como que el recluso disfrutó entre 2013 y 2020 de 39 permisos, todos ellos, como es preceptivo, autorizados por el juez de Vigilancia Penitenciaria. No se registró incidente alguno en ninguno de ellos.

Precisamente, eso pesó en la decisión que en noviembre de 2019, cuando el interno ya había cumplido las tres cuartas partes de la condena, tomó la administración penitenciaria al concederle el régimen de semilibertad.

PRISIONES Y EL JUEZ LE NEGARON HASTA SIETE VECES EL TERCER GRADO

Durante los últimos años en la cárcel, Francisco Javier Almeida no cejó en su empeño y solicitó hasta en ocho ocasiones la concesión del tercer grado. En las siete primeras la administración, que cada seis meses revisa el grado de clasificación de los reclusos, se opuso.

La primera vez que Almeida lo pidió fue en 2015 con 17 años de condena ya cumplidos. La Junta de Tratamiento de la cárcel de El Dueso (Cantabria) le mantuvo en segundo grado y el preso recurrió, como permite el Reglamento, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que avaló la decisión de la prisión.

Ante ello, Almeida recurrió al juez de Vigilancia Penitenciaria de Cantabria, que le dio la razón al considerar que el interno, con dos tercios de la pena cumplida, podía progresar de grado y que estaba preparado para aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento, que permite al recluso beneficios propios del tercer grado aún estando clasificado en segundo.

Pero el fiscal recurrió y el órgano sentenciador, es decir, la Audiencia de Logroño, revocó la decisión de Vigilancia Penitenciaria.

Y en 2016, Almeida volvió a pedir el tercer grado y se repitió el mismo proceso con idéntico final. En esa ocasión, el juez de Vigilancia Penitenciaria no ponía en duda en su auto la gravedad de los delitos del interno, pero entendía que había que tener en cuenta la trayectoria penitenciaria el recluso. Dejaba claro , además, que el tercer grado no equivalía a licenciamiento de la condena.

Hasta entones, Almeida había disfrutado de 17 permisos sin incidentes. Pero la Audiencia de Logroño volvió a revocar la decisión de Vigilancia Penitenciaria.

En dos ocasiones en 2017 y en otra en 2018 el recluso volvió a acometer el mismo proceso y en todas ellas Instituciones Penitenciarias le mantuvo en segundo grado. En las tres, el juez de Vigilancia ya no estimó su recurso.

En 2019 son tres veces las que Almeida intentó obtener el también conocido como régimen abierto. En las dos primeras, la administración le mantuvo en segundo grado y no hay constancia de que el preso recurriera al juez.

Sin embargo, en la tercera, en noviembre de ese año, la Junta de Tratamiento de El Dueso volvió a inclinarse por dejarle en segundo grado y Almeida recurrió a la Secretaría General, que le concedió el tercer grado restringido previsto en el artículo 82.1 del Reglamento.

EL INFORME DESFAVORABLE DE LA CÁRCEL

¿Por qué se oponía la cárcel? Los sindicatos desvelaron este jueves que seis de los nueve integrantes de la Junta de Tratamiento de El Dueso consideraban que Almeida "no estaba preparado" para acceder a la semilibertad, ya que existía un riesgo de reincidencia dado su perfil delincuencial.

"Sabían que no estaba preparado para vivir en libertad y veían riesgo de incidencia", dijeron los sindicatos, que explicaron que "normalmente los agresores sexuales son un perfil de recluso que no da problemas en prisión, tienen buena conducta".

Pero había más factores que a esos seis miembros les llevaron a votar en contra de tercer grado, que, sin embargo Almeida obtuvo y en el que se mantuvo tan solo dos meses. En abril de 2020 accedió a la libertad condicional.

Desde entonces, estuvo sometido a 16 intervenciones de seguimiento, entre ellas una visita de funcionarios a su actual domicilio. Allí asesinó presuntamente a Álex. Su familia ha pedido que le dejen pasar el duelo y el dolor en privado. 

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