miércoles 20.11.2019

Colaborador de Villarejo:Cuando le contrataban era vox populi que era policía

El inspector jubilado Antonio Bonilla, imputado en varias piezas del caso Tándem por los trabajos que hizo para el excomisario José Villarejo, afirmó al juez que era "vox populi" que Villarejo tenía condición de policía en activo mientras hacía trabajos de información y espionaje

Colaborador de Villarejo:Cuando le contrataban era vox populi que era policía

Así lo dijo este presunto colaborador de Villarejo al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en su declaración del pasado 8 de julio, a cuyo audio hemos tenido acceso y tras la que resultó en libertad bajo una fianza de 15.000 euros.

Tal y como trascendió en ese momento, en la declaración Bonilla asegura que parte del dinero que cobró de la empresa de Villarejo, Cenyt, fue por elaborar informes de "riesgo país" para el BBVA, lo que provocó que el fiscal sugiriese su imputación en la pieza que gira en torno al banco.

Según la Fiscalía, Bonilla ingresó 22.000 euros de Villarejo, unos pagos que, en palabras del inspector, se debieron a servicios de "análisis de información".

Bonilla concreta en su declaración que fueron abonos de 1.500 euros al mes más IVA entre septiembre de 2013 y diciembre de 2015, una cantidad que ascendió a 1.650 euros más IVA entre enero de 2015 y junio de 2017.

En esa fecha acabó su relación laboral con la empresa de Villarejo. "¿Por qué?", le cuestiona el fiscal: "Me voy sin más y punto, y se da por terminado por ambas partes".

Preguntado por la razón por la que cobró esas cantidades en esos periodos, añade: "En esa época estaba muy volcado en los informes de riesgo país del BBVA, exclusivamente".

Al término de la declaración, su abogado concreta que en esos informes mensuales y anuales Bonilla analizaba "las circunscripciones donde el BBVA tenía personal".

"Son informes de fuentes abiertas donde se resume de una manera concreta los riesgos a los que se exponen los empleados del BBVA desplazados a diferentes países, 11 concretamente", añade el letrado.

Esos trabajos los hizo Bonilla estando en segunda actividad en la Policía y cuando Villarejo era aún policía en activo. Preguntado sobre si sabía esta última circunstancia, Bonilla responde sin dudar: "Sí, era vox populi".

El objetivo de la declaración era que explicara su participación en el proyecto Pit, sobre el encargo a Villarejo del naviero español Ángel Pérez-Maura, dueño de Grup TCB, para evitar ser extraditado a Guatemala, donde se le investiga por corrupción en la adjudicación de una terminal portuaria a su filial TCQ.

Al respecto, Bonilla dice que lo único que hizo para Villarejo en ese proyecto fue viajar a Guatemala para "certificar", como policía, la autenticidad de una entrevista que hicieron en la cárcel a Juan José Suárez Messeguer, entonces director general de TCQ arrestado en ese país.

A esa "conversación, entrevista o declaración" en la prisión guatemalteca, que el propio Bonilla no sabe cómo calificar y que duró de 3 a 4 horas, acudieron también la mujer del preso, el hijo de Villarejo, José Villarejo Gil, y su socio Rafael Redondo (ambos imputados).

Tras relatar esa entrevista en prisión, confirmar que se grabó porque no les requisaron las grabadoras a la entrada ("no nos cachearon, es de baja seguridad el centro penitenciario") y que a ella no acudió ninguna autoridad guatemalteca, el fiscal le pregunta:

- ¿Le parecía lícito el servicio que le encomendaba? Lo digo porque usted también era policía en segunda actividad...

- Yo no vi nada ilegal en eso, me pidieron ayuda para eso y sinceramente no vi nada ilegal. El hecho de estar presente en una declaración para testificar en una causa... no lo veo, y no lo vi.

El 8 de julio también declaró ante el juez el exembajador de Guatemala en EE. UU. Julio Ligorría, que hizo trabajos para Villarejo en relación con Pérez-Maura.

En el audio de su comparecencia, Ligorría explica que el consultor político de Washington Manuel Ortiz le puso en contacto con Villarejo a través del abogado Enrique Maestre, amigo del naviero, tras lo que viajó a Madrid.

"Maestre nos anuncia en Madrid que nos va a llevar a la oficina de quien en ese momento es el consultor más importante de crisis y conflictos en España (Villarejo), que trabajaba para los grandes bancos, las eléctricas y hasta los partidos políticos".

Esa conversación fue antes de una reunión, que el fiscal emplaza el 5 de mayo de 2016, en las oficinas de Villarejo de la Torre Picasso: "Efectivamente llegamos a la Torre Picasso, con unas oficinas muy impresionantes las del señor Villarejo, típicas oficinas de abogados de primer nivel de Londres o Nueva York".

En la reunión Ligorría dice que tuvo un papel poco activo. "La mayor parte del tiempo no estoy tomando una beligerancia", y añade que accede a trabajar con Villarejo como gestor de crisis ante el caso de corrupción que afectaba a Pérez-Maura en Guatemala.

En esa investigación de la justicia guatemalteca, por la que Pérez-Maura finalmente no fue extraditado, se sospecha que la naviera pagó 30 millones de dólares entre 2012 y 2015 al expresidente y a la exvicepresidenta del país, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, para conseguir la adjudicación de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal. 

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