jueves 9/12/21

El magistrado que instruye el caso Villarejo ha citado a declarar este martes a dos abogados en la pieza donde investiga si acudieron al excomisario para que rastrease al empresario Joaquín Molpeceres por más de 400.000 euros cuando aún trabajaba para la Policía.

Es la pieza 29 del caso, donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga a José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo, y a los abogados Antonio Erico Chávarri y Juan Vila-Cloro Clot por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secreto.

La pieza se centra en dos proyectos supuestamente encargados a Villarejo: "Grass" -sobre el presunto espionaje al empresario Joaquín Molpeceres, y "Hacha", enmarcado en un conflicto entre ambos abogados.

En el primero el objetivo era "salvaguardar" los intereses de un despacho de abogados, representado por Antonio Erico Chavarri como socio mayoritario y "con la intermediación" de Juan Vila-Coro, socio minoritario, cuando el primero se separó de la hija de Joaquin Molpeceres, quien testificó en 2017 en el juicio de Gürtel y negó haber donado 60.000 euros al PP como dueño de la empresa Licuas.

Con la separación de la pareja, señala el juez en el auto donde imputó a los investigados, se inició un conflicto con el empresario: el abogado presentó un concurso de acreedores y éste figuraba como uno de los principales.

Chavarri contrató presuntamente los servicios de una empresa del Grupo Cenyt -propiedad de Villarejo "para conseguir la máxima información personal, patrimonial e incluso averiguar la posible comisión de antiguos hechos delictivos" de Joaquín Molpeceres y el administrador de aquel concurso "y así poder conseguir el cese de los supuestos ataques que vendría sufriendo hasta ese momento".

Los servicios fueron supuestamente contratados en octubre de 2012 y "se desarrollaron y abonaron" a lo largo de ese año y del siguiente. Además, en la causa figuran abonos por nueve transferencias ordenadas por el despacho a empresas de Villarejo "por un importe total de 411.400 euros".

El "Proyecto Hacha", por su parte, habría sido contratado el 11 de junio de 2014, cuando Villarejo también seguía en activo, y parte de los diversos problemas internos de Chávarri con dos socios minoritarios, entre ellos Juan Vila-Cloro.

A pesar de que Chávarri es el presidente y propietario del 70% de las participaciones del despacho, según figura en la hoja de encargo, los otros dos socios le habrían despojado tanto de sus derechos políticos, como de la gestión de la empresa.

El cometido de este encargo sería, según el auto, el análisis jurídico y legal, asesoramiento, consejo y negociación que ayudasen a Chávarri a recuperar la gestión.

Se calcula que el precio de este proyecto oscilaría entre los 75.000 y los 125.000 euros, más IVA, y ha sido detectada una transferencia de 30.250 euros por parte del despacho presuntamente relacionada con el pago de este proyecto. 

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