martes 24/11/20

‘Caso Molinos’: denunciado un expediente de la Agencia Tributaria por incluir presuntamente firmas falsas

Varias irregularidades en el "Caso Molinos" salpican a un inspector de la AEAT y a un supuesto secretario judicial

El citado expediente contra Activos Productivos Mirasol SL fue la base para condenar, en el Caso Molinos, a su administrador, CAP y embargarle sus cuentas.

En la investigación contra la corrupción urbanística en la localidad de La Muela, de Zaragoza, aún no conclusa, aunque cerrada en algunos casos de manera indebida al ser forzados una parte de los procesados, aconsejados por sus abogados, a reconocer delitos no cometidos y así pactar con la fiscalía, no se entró a fondo desde las instancias judiciales a determinados hechos gravísimos, que, aunque denunciados, eran desconocidos para la mayoría del gran público de Aragón.

Un ejemplo de uno de esos hechos está en el trato judicial que se dio a la querella que se formuló en enero de 2015, contra Francisco Sánchez Morcuende, el ‘falso’ secretario judicial, colocado ad hoc en el Caso Molinos y que tras diversas triquiñuelas legales acabará con el sobreseimiento de las actuaciones contra el impostor.

Sánchez Morcuende fue representante sindical en CC.OO. de Siemens Elasa, pero no trascendió en su momento que ocupó la plaza de Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción No1 de La Almunia de Doña Godina, durante casi un año –sin ser Secretario Judicial–, asumiendo un papel fundamental en la instrucción sumarial al dar fe de los autos emitidos por el Juez instructor, como prórrogas, nuevas escuchas telefónicas, órdenes de registro y detenciones, además de certificar las escuchas telefónicas así como los diferentes registros realizados.

Pero no es el único hecho denunciado. El pasado 11 de abril de 2019, un militar entonces en reserva, muy documentado en el Caso Molinos, JCA, presentó una denuncia en los Juzgados de Madrid contra un Inspector de la Agencia Tributaria de Zaragoza, al detectar que un Acta de Infracción de la Inspección de Hacienda contra la sociedad Activos Productivos Mirasol SL, que dirigió dicho inspector, presentaba presuntas irregularidades y es que gran parte de las firmas que estaban estampadas oficialmente, a lo largo del procedimiento, por dos servidores públicos, no se parecían a las que constaban de ellos como indubitadas, concluyendo los  peritos grafológicos, en ambos casos “...QUE NO SON FIRMAS QUE SE CORRESPONDEN A LA MISMA MANO”.

No es esa la única irregularidad que se descubrió en el expediente en cuestión, ya que, igualmente, hay fechas “retocadas” escritas a bolígrafo, o con tampón, sobre la que estaba realizada mediante ordenador, tras aplicarle corrector blanco. Dichas fechas, es obvio, que en el original de la resolución eran diferentes y estaban escritas informáticamente o mecanizadamente.

El acta de inspección contiene gran cantidad de resoluciones y documentos expedidos por los funcionarios, supuestamente actuantes, cuyas fechas, en lugar de ir mecanizadas y emitirse automáticamente, en el momento de la realización del documento, van colocadas a tampón o a bolígrafo, en clara contradicción con otros expedientes abiertos contra otros obligados tributarios.

La denuncia, tras su traslado desde el Juzgado de Instrucción Nº 9 de Madrid a los Juzgados de Instrucción de Zaragoza, competentes en el caso, recayó igualmente en el No 9 de esta ciudad y fue transformada en querella, tal como se requirió, por su magistrado, ELC, en Providencia de 25 de junio de 2019.

La noticia de haber recaído la querella en este Juzgado no era la mejor. Con una simple búsqueda en Facebook se conoce de la amistad de ELC con la magistrada de lo Penal de Zaragoza BMY, que fue precisamente la que condenó a CAP por el supuesto fraude de Activos Productivos Mirasol SL, basada la condena en la muy cuestionada Acta de Inspección, la de las presuntas firmas falsas. A lo anterior se suma que la fiscal del Caso Molinos y de la AEAT en la inspección referida fue VEEE, que coincidió durante cuatro años en los servicios judiciales de Huesca con el magistrado ELC.

Con esos antecedentes, la querella de JCA, hoy en la Audiencia Provincial de Zaragoza, pendiente de resolverse recurso de archivo, va encontrando traba tras traba con objeto de que no llegue a su fin, que no es otra que la de que se investigue al inspector RBM y que se proceda al cotejo de firmas, con los inspectores presuntamente suplantados, por si se desprendiera que el Acta de Inspección es del todo falsa.

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