viernes 05.06.2020

La Audiencia Nacional rebaja las fianzas a dos miembros de CDR investigados

La Audiencia Nacional ha acordado rebajar a 10.000 euros las fianzas impuestas a dos presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), investigados por planear supuestamente sabotajes con explosivos tras la sentencia del "procés"

Audiencia Nacional
Audiencia Nacional

Según ha adelantado "El País" y han confirmado fuentes jurídicas, la Sala de lo Penal ha estimado los recursos de Jordi Ros y Germinal Tomás Abueso contra los autos en los que el juez del caso, Manuel García Castellón, acordó 30.000 y 15.000 euros de fianza, respectivamente, para que pudiesen salir en libertad.

Ambos fueron los últimos miembros de los CDR que quedaban encarcelados de los siete que fueron detenidos en septiembre y a quienes el juez imputa delitos de pertenencia a organización terrorista, conspiración para causar estragos y fabricación y tenencia de explosivos.

Se les investiga por presuntamente formar parte del Equipo de Resistencia Táctica (ERT), una facción radicalizada de los CDR que supuestamente planeaba sabotajes con explosivos como respuesta a la sentencia del "procés".

En uno de los autos, fechado el pasado 23 de marzo, la Sala no entiende que la fianza de 15.000 euros impuesta a Germinal Tomás Abueso sea desproporcionada, atendiendo a la "gravedad de los hechos imputados" y a sus circunstancias personales.

Sin embargo, considera que "el nivel de implicación en los hechos que se le atribuye es similar" al de otro investigado, Alexis Codina, "en tanto ambos formaban parte presuntamente del núcleo productor de explosivos", a quien se le fijó una fianza de 10.000, por lo que acuerdan hacer lo mismo en base al "principio de igualdad de trato".

Ros y Tomás Abueso deberán seguir cumpliendo las medidas cautelares que les impuso el juez para salir de prisión: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España o comparecencias semanales en el juzgado más cercano a su domicilio.

El magistrado les encuadra en el llamado "núcleo productor" de los explosivos, encargado presuntamente de adquirir algunos productos y utensilios dirigidos supuestamente a la elaboración de "sustancias explosivas".

Para acordar su excarcelación, García Castellón tuvo en cuenta el arraigo familiar, laboral y social de ambos, así como la situación en que se encuentra la investigación, y consideró que el riesgo de fuga quedaba aminorado. 

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