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Victoria Lafora

Primavera caliente

No va a ser fácil hacer tragar a los estudiantes una subida de tasas cercana al sesenta por ciento. El portavoz del sindicato de estudiantes ha anunciado movilizaciones, paros y protestas ante el Ministerio de Educación, que serán convocadas la próxima semana. El mundo universitario, tan pacífico últimamente, como resignado ante las dificultades de su futuro laboral, puede encontrar la espita a su desánimo y convertir en ira la profecía de que van a vivir peor que sus padres.

Las carreras técnicas, esas que prácticamente garantizaban una salida profesional y que ahora solo sirven para emigrar, son las que más van notar el incremento de las matrículas. No solo eso, la práctica imposibilidad de poder sacar todas las asignaturas en un solo curso, por la exigencia académica y la dificultad de las materias, les hace candidatos, en cuanto repetidores, a tener que pagar la totalidad del coste económico de sus carreras.

Esta injusticia provocará, sin duda, que los actuales bachilleres se planteen renunciar a ingenierías, arquitectura  y el resto de carreras cuya dificultad encarece las tasas hasta un punto que solo se pueden afrontar con un buen patrimonio familiar.

La universidad pública española volverá a ser ese reducto elitista donde solo tendrán cabida los hijos de familias adineradas. Con el coste de que el país, en el 2017 que es cuando algunos organismos internacionales prevén que se salga definitivamente de la crisis, no tendrá esa generación técnicamente preparada para impulsar el crecimiento.

Ni siquiera los jóvenes españoles van a poder afrontar el nuevo coste de las matrículas, compaginando los estudios con un trabajo eventual. No hay trabajo para nadie y menos para un estudiante sin experiencia. Si le sumamos unas aulas masificadas, carencia de prácticas por falta de presupuesto, y el escaso prestigio de los campus frente a los del resto de países europeos, se entienden las amenazas de movilizaciones.

Los rectores, los principales implicados en la gestión universitaria y que llevan administrando recortes desde el comienzo de la crisis, no han sido consultados antes de aplicar una medida tan lesiva para la igualdad de oportunidades. Una vez más, las decisiones políticas se toman sin consultar a los afectados y sin darles voz para de explicar cuáles son los males que acarreará la medida.

Justo ahora, a las puertas de los exámenes de fin de curso, las aulas  pueden quedar vacías porque sus jóvenes decidan que es necesario salir a la calle para defender la propia existencia de su porvenir universitario.

Quizá para curarse en salud el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende llevar a cabo una reforma del Código Penal que endurezca  los delitos contra el orden público. También que los padres tengan que pagar las infracciones que se impongan a sus hijos por desordenes callejeros. Algo así como querer poner puertas al campo.

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