Libertad Martínez

Independencia contra trabajadores y trabajadoras

Independencia contra trabajadores y trabajadoras

Puigdemont ya tiene su independencia, y el juguete de la suspensión para que parezca lo que no es. Términos como incertidumbre, inseguridad, debilidad de derechos tratan de ocultarse bajo una pátina de “negociación”, que no es sino una presión intolerable al estado de derecho.

El pacto entre el “el tres por ciento” y los “rojopijos”, hijos de la burguesía catalana, nos ha traído una ruptura de reglas y Constitución que no solo ha arrasado el derecho a decidir sino la propia convivencia catalana.

Déjenme que hoy me refiera a la parte más débil de la declaración de independencia, aprobada, suspendida y posteriormente firmada: los trabajadores y trabajadoras.

La cara b del desprecio con que Junqueras y Puigdemont han tratado la economía catalana es la sombra sobre los derechos de trabajadores y trabajadoras, amenazados a medio plazo por la deslocalización.

La respuesta empresarial ha sido contundente. Pueden o no hacerse reproches; los que sabemos como funciona el capitalismo no nos hemos llevado ninguna sorpresa. Pero no puede ni debe ignorarse esa respuesta: si un país no puede retener capital, difícilmente acabará reteniendo empleo. Si un país no respeta las reglas; difícilmente será respetado. 

También es una frivolidad apuntar a interesados buitres económicos la retirada de capitales. Son ahorradores, pequeñas empresas, jubilados los que han cruzado la “franxa” para abrir sus cuentas en territorio confiable.

Digamos de paso, y como primera reflexión, que no solo se trata de que las agencias bancarias no cumplan sus objetivos sino que esa falta de objetivos y la aparición de cuentas virtuales, con fondos en otros territorios, pone en duda la viabilidad de las agencias y el empleo bancario ya sobradamente amenazado.

La fuga de empresas precede a la fuga de capitales y ahorro y, por desgracia, a la deslocalización de empleo. La cara b del desprecio con que Junqueras y Puigdemont han tratado la economía catalana es la sombra sobre los derechos de trabajadores y trabajadoras, amenazados a medio plazo por la deslocalización, el debilitamiento de sus derechos de movilidad y la aparición de posibles traslados forzosos.

Una economía pública catalana a la que “los del tres porciento” han maltratado a golpe de recortes difícilmente estará en condiciones de proveer una red de protección a quienes pueden sufrir una situación tratada alegremente por sus responsables políticos.

El “procés” fue un movimiento político para ocultar las responsabilidades en la crisis y la corrupción de la derecha catalana y para triturar a la izquierda política. La suma de populismos nacionalistas y populismos radicales tiene un evidente resultado: privar a trabajadores y trabajadoras de recursos políticos e institucionales.

La independencia se construye contra los trabajadores, trabajadoras y sus derechos. Son las partes más débiles de la sociedad quienes siempre se han apoyado en las reglas y la constitución.

La propia historia catalana demuestra como, cuando desaparecieron las reglas, la agresividad contra la expresión sindical y obrera fue especialmente brutal. No; no hay democracia fuera de la Constitución; la democracia es cambiar las reglas, con nuevas reglas, según las reglas.

Esa es la base en la que todo el mundo se funciona: lo que Puigdemont ha inaugurado es la autocracia del “tres per cent” que inventa sus propias reglas cada día.