Cómo desmantelar las televisiones autonómicas

El gobierno de Rajoy cumple su promesa y prepara la reforma de la Ley Audiovisual para permitir la gestión privada en las cadenas autonómicas. Es el principio del desmantelamiento de un sistema ineficiente, caro e insostenible. Pero la fórmula elegida por el ejecutivo pasará la factura de la reestructuración a las arcas públicas y beneficiará a grupos que no han conseguido sus objetivos económicos y de audiencia en la burbuja de la TDT. Ni cierre ni redefinición del servicio público audiovisual en la era digital.

La intención del informe preparado por la vicetodo Sáenz de Santamaría y el Ministerio de Industria aboga por conceder a las autonomías “libertad a la hora de decidir sobre el modo de gestionar el servicio público de televisión, apostando por una mayor eficiencia”. Es la demanda de baronesas regionales como Esperanza Aguirre o María Dolores de Cospedal, defendida con ímpetu por el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que ya prometió a las televisiones privadas una reforma de las autonómicas, en pleno proceso de adelgazamiento por la crisis.

El apoyo a las autonómicas crece en el caso de las regiones con lengua propia, donde son y han sido vehículos imprescindibles para la revitalización lingüística y cubren una necesidad recogida en las leyes y mal atendida por el sector privado.

La entrada de empresas privadas en las autonómicas completaría el marianazo audiovisual con el recorte de 200 millones en el presupuesto de RTVE a la espera de la rebaja de la obligación de financiación del cine por las cadenas privadas, concentradas ahora en el duopolio Telecinco/Antena 3.

¿A quién beneficia la gestión privada de los canales públicos?

Las televisiones mantienen su cuota superior al 40% del mercado publicitario, pero han perdido un 8% de sus ingresos en 2011, que se suman a las caídas de años anteriores, compensadas con la pérdida de publicidad de RTVE.

Las autonómicas perdieron casi 500 millones de euros en 2010 pese a recibir 2.013 millones de euros de subvenciones y facturar otros 247,5 millones de publicidad. El coste por hogar de la televisión pública fue de 152 euros en 2010, 84 euros de las televisiones autonómicas –cien si se suma la publicidad- y 68 de la estatal, según cálculos de Uteca, la patronal de las privadas.

La vicetodo Santamaría retorció torticeramente el informe de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) sobre la la Ley Audiovisual para justificar la gestión privada de las autonómicas. Pero la CMT sólo reclamaba que se aclarase la financiación del servicio público y no se distorsionase la competencia, como también pidió la Comisión Nacional de la Competencia.

Telecinco y Antena 3 concentran la mitad de la audiencia y el 85% del mercado publicitario. La gestión de las autonómicas bajo titularidad pública no les aportará mucho, pero es una oportunidad para grupos como Intereconomía, Vocento, Unidad Editorial y otros con licencias autonómicas o que ya producen contenidos para las autonómicas logren mayor audiencia y mejoren sus magros resultados en la TDT.

La gestión privada acelerará la reestructuración de empresas públicas sobredimensionadas, ineficientes, con escasa producción propia, mal gestionadas en la mayoría de los casos y con escasa independencia en casi todas. Las teles del PP encabezan la lista negra de la propaganda y el despilfarro, como los casos de Telemadrid o la valenciana Canal Nou, pero todo vale en el discurso popular.

La reforma ni siquiera hace caso a Uteca, partidaria de prohibir la publicidad también en las autonómicas y crear un canal único compartido con RTVE, con desconexiones o segundos canales en algunas autonomías. Un modelo inspirado en la televisión pública alemana.

Desde la CMT se ha defendido la necesidad de financiar con transparencia el servicio público con cargo a los presupuestos e incluso con un canon, como en la mayoría de los países europeos, donde la financiación suele ser pública con algunos ingresos publicitarios y por venta de programas.

La propuesta del gobierno, a falta de conocer su versión definitiva, beneficia sólo a unos pocos. A los políticos que mantienen el control propagandístico con la titularidad pública de las autonómicas y a las empresas que se beneficien con las licencias o contratos para la gestión de esos canales.

Los ciudadanos continuarán pagando la reestructuración y los despidos de un modelo agotado y el coste poco transparente de unas televisiones en las que se sigue sin discutir lo fundamental: si deben existir, para qué sirven y cómo debe ser el servicio público, el único que los ciudadanos deberían pagar.

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