Jaime Cedrún

La regulación universitaria requiere consenso

La regulación universitaria requiere consenso

El anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) es inadmisible. En estos últimos seis años han sido permanentes los recortes en la financiación de las universidades públicas. Las transferencias presupuestarias desde la Comunidad de Madrid se han reducido en un 25 por ciento. En recursos humanos hay 1.500 docentes y cerca de 6.000 efectivos menos de personal de administración y servicios. Hay 5.000 estudiantes menos. El incremento de los precios públicos ha supuesto un 56,88 por ciento en los estudios de grado y un 104,07 por ciento en los estudios de master.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende aprobar una ley que regule el Espacio Madrileño de Educación Superior, que incluye a universidades públicas y privadas, enseñanzas artísticas superiores y ciclos formativos de grado superior.

Es muy grave que esta normativa no sea el resultado de un proceso participativo del conjunto de la comunidad universitaria, sino que responda exclusivamente a los criterios, principios e intereses del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En segundo lugar, el Gobierno regional hace de la asunción de los recortes y pérdidas del Sistema Universitario Público Madrileño de los últimos años el punto de partida para la regulación normativa. Asimismo, la nueva norma no tiene carácter sistemático en la valoración, análisis y planteamiento de propuestas en relación al sistema universitario madrileño y su contenido no está refrendado por un respaldo documental que pudiera servir de apoyo.

Además, no contiene un compromiso real de financiación, olvidando que la ley que se plantea debe ir acompañada de una financiación específica, independiente y cuantificable del sistema público universitario.

Pero no es solo eso, la regulación también plantea una clara intervención del Gobierno autonómico en la gestión de las universidades. Además, tampoco propone medida alguna para revertir los incrementos desproporcionados en los últimos años en los precios públicos.

Para más inri, la normativa no apuesta por la reducción de la precariedad y la estabilización de las plantillas, así como por la puesta en valor de la actividad docente e investigadora de su profesorado.

Por último, hay que destacar que el Anteproyecto de Ley deja sin concretar cuestiones fundamentales para el futuro de las universidades públicas, a la espera de un desarrollo normativo posterior que elaboraría la propia Consejería. Así, si para la preparación del borrador del anteproyecto no ha existido una mesa de negociación, tampoco cabe pensar que quieran constituirla para los desarrollos reglamentarios.

En este escenario, resulta imprescindible la apertura de una proceso de negociación de este anteproyecto, con el objetivo de abordar tanto la necesidad de la ley como, si fuera el caso, su contenido y todo aquello que se omite en el documento. El resultado de esta negociación debería ser el consenso, sin el cual, la ley estará condenada al fracaso.

La solución a las necesidades y dificultades de las universidades públicas madrileñas no son los recortes permanentes que se vienen aplicando desde hace seis años. En esta línea, desde CCOO de Madrid exigimos unánimemente una negociación real, un proceso de análisis riguroso y participativo con el objetivo de revertir los recortes, aumentar los recursos materiales y humanos, así como mejorar la financiación. Todo ello, y preservando la autonomía universitaria, debe asegurar la estabilidad y la igualdad de acceso.