¿Cobrarían menos los políticos?

¿Cobrarían menos los políticos por trabajar más? ¿Hay una correspondencia entre el número de políticos en el país y las necesidades de funcionamiento eficaz de nuestra democracia? Son preguntas sin trampa y con sentido común: porque el común de los ciudadanos se pregunta, con razón, cuándo le llegará a la política el sistema de recortes que padecen los servicios públicos.

Muchos españoles se preguntan, también, si hay una correspondencia directa entre la actividad que desempeñan los políticos y la eficacia y la calidad de nuestro sistema de organización institucional. Las cifras son abrumadoras cuando se relacionan con otras actividades profesionales de vital trascendencia para la sociedad o cuando se establecen comparaciones con países de mayor población y de mayor tradición democrática en nuestro entorno directo.

Nadie se plantea que se reduzca Ni la capacidad de control ni los instrumentos de representación de nuestro sistema. Ni mucho menos. A veces se cree que es mejor una sociedad con la representación mermada tanto como mermada sea su capacidad de vigilar, controlar, proponer y desarrollar su actividad. La cuestión no es esa. Lo que inquieta y preocupa es, precisamente, lo contrario: la disociación entre políticos y sociedad civil, hasta el punto de que quienes ejecutan los recortes nunca sean el objeto de estos, precisamente cuando esos mismos recortes ponen en cuestión la vitalidad de un estado de bienestar construido para asegurar la igualdad de oportunidades.

Estrella Digital se pregunta, además, si la relación entre los salarios de quienes nos representan guardan, a su vez, relación lógica con los salarios de quienes desarrollan otras actividades y a los que se les pide, insistentemente, más productividad, más competitividad, más esfuerzo, más horas, menos derechos y menos seguridad laboral.

No. No hay correspondencia. Seguramente muchos recortes son discutibles. Ayer hubo una huelga general de la educación pública en defensa de su calidad y de su financiación adecuada. Otros sectores, como el de la sanidad, alerta sobre la reducción de la calidad  del servicio que presta. Todos estamos inquietos sobre cómo afectará la política de severa austeridad a nuestra calidad de vida y de cómo se está empobreciendo la clase media española, al mismo tiempo que los sectores más débiles se arriesgan a la exclusión social. En ese sentido, las cifras de Caritas son espeluznantes.

La fortaleza de la democracia se asienta en su proximidad con la realidad social de los ciudadanos. La corrupción y la falta de sintonía con los problemas reales de los ciudadanos son un ejemplo que justifica acciones como las que inició el movimiento de indignados. En aquel momento todos se apresuraron a prometer mayor sensibilidad social. Pero claro, eran vísperas electorales.

Hoy los salarios, las nóminas, los privilegios y las seguridades de tantos cargos públicos ponen en evidencia la larga distancia que los separa del ciudadano español sometido a la angustia y a la incertidumbre, a un recorte de su bienestar, a una limitación de sus derechos laborales, a un horizonte de revisión del sistema público de pensiones, tal y como pide la CEOE, y al desasosiego de sentir que nadie en la política está pendiente de disimular su extraordinaria posición privilegiada mientras todo se reduce. Todo no.