Los secretarios de Organización de CCOO y UGT, Antonio del Campo y José Javier Cubillo, han pedido a CEOE-Cepyme y al Gobierno un "compromiso público" de que se respetará la libre voluntad de los trabajadores para ir a la huelga general el próximo 29M y su condena a toda coacción.
En rueda de prensa, ambos representantes sindicales aseguraron que aunque el apoyo de decenas de miles de empresas y asociaciones permite prever que "el éxito está garantizado", lo cierto es que "es la primera vez que va a haber trabajadores que no van a secundar la huelga porque tienen miedo de hacer uso de su derechos constitucionales", en palabras de Cubillo.
Más aún, Del Campo leyó un correo electrónico enviado por un trabajador en el que ponía de manifiesto coacciones por parte de su empresa de cara al 29-M y aseguró que las centrales reciben "bastantes" solicitudes de este tipo, sobre todo procedentes de trabajadores de pymes. Asimismo, entregaron una resolución del director del Centro Español de Metrología en el que, a su juicio, se establecen servicios mínimos abusivos y se señala que su incumplimiento será sancionado.
Según CCOO y UGT, una circular enviada por CEOE en la que se habla del carácter político de la huelga y se llama a los empresarios a no mantener una actitud pasiva el día del paro general, podría estar alentando estas prácticas entre los empresarios, de ahí su petición de renuncia expresa a las coacciones.
Servicios mínimos no pactados
Por otro lado, ambos líderes sindicales dieron cuenta de los acuerdos sobre servicios mínimos alcanzados por comunidades autónomas, a falta de que alrededor de este medio día se cierren todos los procesos de negociación, pero han avanzado que las centrales "no se van a responsabilizar en absoluto" del cumplimiento de los servicios mínimos allí donde no se haya alcanzado acuerdo.
Según remarcaron, tras el acuerdo estatal en transportes y RTVE, no ha habido posibilidad de establecer servicios mínimos pactados ni en la Administración Central del Estado ni en la Administración de Justicia, así como en los transportes en las comunidades de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Baleares y Murcia.
En algunas de estas comunidades, como es el caso de Galicia o Baleares, los sindicatos ya han presentado demandas de suspensión cautelar, y el resto de las comunidades no se quedarán sin su respectivo recurso. Los sindicatos se plantean incluso presentar demandas por prevaricación en los casos "más abusivos" contra los cargos firmantes de dichos servicios mínimos, han asegurado.
Tanto Del Campo como Cubillo han denunciado que en aquellas comunidades en las que no ha habido acuerdos, la Administración ha actuado como "arietes y defensores" de la patronal. Por último, los sindicatos han lamentado la falta de adhesión a la huelga general de los sindicatos de funcionarios, y han valorado el proceso "paralelo" realizado por sindicatos como CGT o USO.
