Recordó que antes de la aprobación de la Ley de Amnistía, en marzo de 1993, "se aprobó una Ley de Reconciliación para que la guerrilla pudiera entrar al país y no tuviera consecuencia por los crímenes que cometieron muchos de ellos durante la guerra".
El juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, se declaró competente para investigar a 14 miembros de la Fuerza Armada de El Salvador por su presunta implicación en el asesinato de los seis sacerdotes y las dos empleadas, perpetrados el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).
En un auto, Velasco admitió la querella presentada el 13 de noviembre pasado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).
También existe una querella contra Cristiani
En la demanda, además de denunciar a los catorce militares, se querellaban contra el entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani (1989-1994).
Sin embargo, el magistrado rechazó la querella contra Cristiani por considerar que "no hay base indiciaria suficiente", además de que no se le ha imputado "participación en crímenes terroristas o de otra naturaleza de persecución universal", sino un supuesto delito de encubrimiento que no tiene "persecución" universal.
Saca afirmó que Cristiani es una figura representativa, "un estandarte de la paz en este país, es el presidente que firmó la paz, que tuvo la voluntad de negociar con el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), y los militares defendieron en aquel momento al país de una agresión comunista".
"Yo creo que este tipo de acciones, aunque las respeto, en nada contribuyen al desarrollo democrático del país", afirmó Saca, e insistió en que después de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a doce años de guerra civil, el 16 de enero de 1992, "se aprobó la Ley de Amnistía para los militares".
Saca afirmó que le parece "justo que ambos bandos que participaron en esta guerra salieran favorecidos".
"Removiendo los temas del pasado"
"Si en este momento comenzaran a removerse estos temas del pasado... yo le digo los países (que) no pueden quedarse estancados en el pasado", aseguró.
"Nosotros condenamos las muertes, las lamentamos, pero la verdad es que los países se administran para adelante, se administran viendo el futuro, yo le daré seguimiento al caso", añadió.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española instruirá la causa contra los militares por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.
Los "responsables" de los crímenes
Las asociaciones consideran "responsables" de los crímenes a los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes y los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.
Asimismo, están acusados los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vásquez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra Ascensio.
El asesinato de los jesuitas y las dos mujeres tuvo lugar en el marco de una ofensiva que lanzó la entonces guerrilla del FMLN en San Salvador. El presidente salvadoreño dijo creer que, entonces, los miembros del alto mando de la Fuerza Armada "estaban defendiendo la soberanía frente a un ataque comunista, gracias a Dios lo hicieron, si no, este país estuviera en una situación muy delicada".
Los jesuitas asesinados fueron el rector de la UCA, el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes también españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y el salvadoreño Joaquín López y López.
Junto a los religiosos fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
