Desde entonces, Marcos Peña forma parte del equipo de confianza en materia de seguridad del consejero de Interior de la Comunidad, Francisco Granados. Lo contrató por recomendación del diputado popular Jaime Ignacio del Burgo, según fuentes del Gobierno autonómico. Del Burgo se distinguió como parlamentario por alentar otro bulo, el del 11-M, que pretendía involucrar a ETA en el atentado islamista en los trenes de Madrid.
La información falsa cocinada por Marcos Peña apareció entre mayo y junio de 2006 en el diario El Mundo e involucraba a Jorge Blázquez Lidoy, número dos de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, que entonces dirigía Miguel Sebastián, actual ministro de Industria.
La información atribuía a Blázquez Lidoy gestiones para bloquear una investigación del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) contra una empresa encargada de auditar a Afinsa por no detectar el fraude que se estaba produciendo ni el descomunal agujero patrimonial que sufría la filatélica, destapados aquel año.
Presiones para bloquear la investigación
La empresa auditora de Afinsa era Gestynsa, propiedad del padre de Jorge Blázquez. Éste, según el dossier que difundía el ex policía Marcos Peña, presionó desde la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno al ICAC (organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda) para bloquear la investigación e impedir una multa a la empresa de su padre. El ICAC sancionó a Gestynsa por una falta grave.
Jorge Blázquez Lidoy, en la actualidad alto cargo (asesor ejecutivo para asuntos internacionales) del Ministerio de Industria, que dirige Miguel Sebastián, confirmó ayer a EL PAÍS que durante el juicio que se celebró tras denunciar él mismo las falsedades de las noticias publicadas, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, confesó al juez que "Marcos Peña había sido el origen de la información".
En la página 5 del fallo judicial se explican los pormenores de la fabricación del bulo: "D. Pedro J. Ramírez identifica como origen de la noticia a dos personas, D. Ángel Zarabozo y D. Marcos Peña. El Director del ICAC, si bien afirmó conocer a estas personas y mantener con ellas cierta relación de amistad, negó haber transmitido dicha información, al igual que negó haber mantenido la reunión que relató Pedro J. Ramírez entre una periodista de El Mundo, el director del ICAC, D. Angel Zarabozo y D. Marcos Peña.
Y lo cierto es que la mera amistad existente entre estos dos últimos y el director del ICAC no es suficiente para atribuir a la fuente de la información la nota de solvencia que acreditaría el cumplimiento de la diligencia exigible a los demandados en la comprobación de la veracidad de la noticia difundida, lo que unido a que no se contrastó ningún dato objetivo, lleva a declarar que la información ha lesionado el derecho al honor del demandante".
La sentencia acreditó que las informaciones eran falsas
La sentencia de aquel juicio, fechada en enero de 2008, sólo cinco meses antes de la contratación de Marcos Peña por parte de la Comunidad de Madrid como asesor de Seguridad, acredita que las informaciones para desprestigiar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eran falsas. La sentencia, recurrida por El Mundo, la firmó la juez titular del juzgado número 43 de Madrid.
La maniobra de intoxicación para desprestigiar al Ejecutivo socialista, montada por Marcos Peña y Ángel Zarabozo, ex socios en la empresa de seguridad Keytech Sistemas Integrales, fue ampliamente difundida por El Mundo durante la última semana de mayo y la primera de junio de 2006. No consta cuál era la relación de ambos con dicho escándalo para haber realizado dicho informe y ser el origen de la información falsa a la que El Mundo dedicó una decena de páginas. Cuando Jorge Blázquez Lidoy presentó una demanda por las falsas informaciones, los responsables del periódico que las habían publicado alegaron que sus noticias "debían encuadrarse dentro de la crítica política" y que exigir a ese medio de comunicación la prueba de veracidad "implicaría una probativo diabólica", según se recoge en la propia sentencia.
18.000 euros de condena
La juez condenó a los autores del bulo a abonar 18.000 euros al alto cargo de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno que ahora asesora el ministro de Industria.
Marcos Peña, el ex policía que fabricó el bulo sobre Blázquez Lidoy, explicó hace ocho días a este periódico que su cometido en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid consistía básicamente en elaborar informes para su jefe, el consejero Francisco Granados. Y citó entre sus investigaciones rematadas con informes algunos casos de corrupción que afectaban a ayuntamientos dirigidos por socialistas, como el de Ciempozuelos y el de Coslada, y otros como el escándalo de las mafias de las discotecas de Madrid, bajo el gobierno del PP.
