Este miércoles por la mañana, llegaba al Congreso el escrito en el que el nuevo ministro solicita su comparecencia ante la comisión de Justicia, que ahora debe fijar la fecha concreta en función de la disponibilidad de la Cámara Baja y la agenda del Ministerio.
Así lo ha confirmado el presidente de la comisión de Justicia, el socialista Álvaro Cuesta, al finalizar las comparecencias de los representantes de las asociaciones judiciales, que este miércoles han explicado en el Congreso sus reivindicaciones y se han mostrado dispuestas a retomar el diálogo con el Gobierno, interrumpido con el anterior ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tras la huelga del pasado día 18.
El día 16 de marzo también está previsto que comparezca en la comisión de Justicia el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, para informar a los grupos parlamentarios sobre la política disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces y las reformas para mejorar la Justicia.
Retomar el proceso negociador
Los representantes de las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- han comparecido ante la Comisión de Justicia para explicar sus reivindicaciones y las razones que les llevaron a la movilización de la pasada semana.
Todos ellos han defendido su derecho a la huelga a pesar de ser un poder del Estado y han reiterado las peticiones que plasmaron el pasado 12 de enero en el documento conjunto en el que demandan mejoras en la Administración de Justicia. En este sentido, han dado un voto de confianza al nuevo ministro para recuperar el diálogo, aunque han advertido de que si fracasa el proceso negociador se mantendrá la huelga anunciada para el 26 de junio.
El socialista Julio Villarrubia ha subrayado que un poder del Estado no debe recurrir a la huelga por responsabilidad, mientras que el portavoz del PP en Justicia, Federico Trillo, ha defendido que las asociaciones de jueces tienen derecho a defender sus intereses profesionales, pero "sin caer en el sindicalismo".
Respuesta "excesiva"
Todas las fuerzas políticas han admitido que las demandas de los jueces son legítimas, aunque consideran que su respuesta ha sido excesiva y esperan que retomen el proceso negociador con Caamaño.
Así, Joan Ridao, portavoz de ERC-IU-ICV, ha considerado que su reacción ha sido "en cierta forma corporativa o gremial" por temor a que se reprodujera el 'caso Tirado'.
Desde el PNV, Emilio Olabarria, ha defendido las reivindicaciones de los magistrados, a quienes a invitado a retomar el diálogo con el Gobierno, y Jordi Jané, de CiU, ha pedido a las asociaciones que pongan "el contador a cero" y colaboren con los grupos políticos para fijar un calendario de actuaciones para modernizar la Justicia.
