“Ya se han dado instrucciones para recortar los tratamientos oncológicos en algunos hospitales”. La noticia la daba el secretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, en la rueda de prensa de la sede del PSM en Callao.
Esos hospitales, según fuentes socialistas, son el Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos. El primero tiene una partida de 4,7 millones de euros aprobada en los presupuestos de 2012. Con la modificación de las cuentas, se le exige un recorte de 6 millones de euros. Esto es, un “recorte imposible” de 2,7 millones, por lo que, tal y como aseguran desde el PSM, “el Ramón y Cajal tiene cero euros para tratamientos oncológicos”.
La situación del Clínico San Carlos es muy parecida. El presupuesto aprobado en diciembre para Oncología era de 5,7 millones de euros. Según el Proyecto de Ley de Modificación de Cuentas presentado la semana pasada, se le exige un ajuste de 9 millones de euros. “un recorte imposible, de 3'3 millones más de lo que había presupuestado”, apuntan desde la oposición.
El secretario general del PSM también afirma que este pasado fin de semana no se ha dado fármacos a los inmigrantes enfermos de Sida. Este tema lo denunciarán los socialistas.
Entre otros recortes llevados a cabo por la Comunidad de Madrid, destacan las 125.000 becas menos que se darán.
En la otra cara de la moneda están las partidas que no se tocan o se tocan poco. Las cifras dadas por Tomás Gómez en cuanto a altos cargos no dejan lugar a dudas: por cada 1.000 millones de euros, la región tiene 7,5 altos cargos, mientras que en el ámbito estatal esa cifra se reduce a 1,5 altos cargos.
Polémica con Canalda
El secretario de los socialistas madrileños también ha criticado la propuesta del PP para nombrar a Arturo Canalda, exdefensor del menor, como consejero de la Cámar de Cuentas de la Comunidad de Madrid. "No cumple con los requisitos. No tiene la titularidad requerida", afirmaba Tomás Gómez quien ha encargado al gabinete de abogados del PSM que investigue esta propuesta porque puede haber "problemas jurídicos".
El pasado jueves, el pleno de la Asamblea de Madrid aprobaba, por procedimiento de lectura única a petición del PP, la supresión del Defensor del Menor. Las razones eran económicas, por la crisis. Aunque desde el Grupo Parlamentario Popular no saben cuantificar con exactitud el ahorro que supone esta eliminación. En la oficina trabajaban unos 30 empleados, 25 de ellos son funcionarios que tendrán que ser recolocados y el resto sí será despedido. Uno de los recolocados es el propio Defensor del Menor, Arturo Canalda, que, si nada lo impide, pasará a ser consejero de la Cámara de Cuentas.
