El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, que permanecía interno en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) por su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha abandonado dicha cárcel este viernes por la noche tras abonar la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Así lo ha confirmado el abogado que ejerce la defensa de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, que ha precisado que la salida de la prisión de Morón se ha producido alrededor de las 22,00 horas de este viernes.
Además, el letrado ha querido remarcar que el pago de esta fianza, que se ha abonado en metálico, ha sido posible gracias a la "ola de solidaridad" que han protagonizado tanto "amigos de Fernández como ciudadanos anónimos", que, "de forma voluntaria" y desde que se conoció la cifra a la que ascendía esta fianza, que "excedía sus posibilidades económicas", han ido aportando "pequeñas cantidades" hasta que se ha logrado reunir la suma total.
Como se recordará, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó el pasado día 12 de julio dejar a Fernández en libertad bajo fianza de 450.000 euros que debía abonar en metálico, al entender que no existe riesgo de fuga ni de que pueda entorpecer la investigación estando en libertad.
De esta manera, la Audiencia Provincial revocó a través de un auto la decisión adoptada el pasado 24 de abril por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya --encargada de la investigación del caso-- de mandarlo a la cárcel de Morón de la Frontera.
De igual modo, el letrado ha explicado que, una vez en libertad, el exconsejero tiene la obligación de "comparecer una vez a la semana en el juzgado más próximo adonde se encuentre", merced a lo dictaminado en el referido auto de la Audiencia de Sevilla, que también le prohíbe abandonar el país, y acuerda retener su DNI y, en su caso, su pasaporte.
Cabe recordar que, tras conocerse el auto del pasado 12 de julio de la Audiencia sevillana, el abogado de Fernández reclamó a la magistrada Alaya, o la puesta en libertad sin fianza de su defendido, o una "rebaja sustancial" de la fijada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, o bien que "permitiese que la que se fijaba pudiera ser consignada en cualquier forma legalmente establecida", una petición que fue rechazada por la juez al entender ésta que por el momento no había transcurrido el tiempo suficiente para concluir que no había podido reunir el dinero para que se procediese a su excarcelación.
