El fallo condena al Institut Català de la Salut por la defectuosa asistencia sanitaria prestada en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, conocido como "Can Ruti", en una primera intervención que se practicó al paciente en marzo de 1997 y en una segunda de abril del mismo año.
El hombre fue asistido en ese centro hospitalario tras diagnosticársele una fístula arteriovenosa, por lo que fue intervenido mediante dos embolizaciones que le provocaron una paraplejia completa, lo que acabó postrándole en una silla de ruedas y convirtiéndole en un ser totalmente dependiente de terceras personas.
La sentencia condena en primer lugar al ICS por no haberse acreditado que el paciente fuera debidamente informado de los riesgos de la operación antes de dar su consentimiento a la misma, dado que se ha extraviado la historia clínica relativa a la intervención.
Además, la condena se basa en un informe pericial aportado en la causa que revela que la "cautela" que aconseja la praxis médica antes de abordar una determinada intervención "no fue suficiente" en este caso.
Para el alto tribunal, no consta que se practicaran las suficientes pruebas diagnósticas para descartar el riesgo de que la embolización de la arteria provocara una lesión isquémica por falta de sangre a nivel medular.
