Los rectores han decidido no acudir al Consejo de Universidades, presidido por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, porque en el orden del día del encuentro no se incluye el debate sobre el Real decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto educativo, que incluye el aumento de las tasas, regula la dedicación de los docentes o la gestión financiera de las universidades, que fue aprobado por el Gobierno el pasado 20 de abril.
Durante toda la mañana, los rectores han estudiado su posición ante la cita con el ministro. Así lo ha indicado el rector de la Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán, en declaraciones a Europa Press, tras asistir a la Permanente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). No obstante, ha advertido de que la decisión se va a tomar al final de la mañana tras la celebración de la Asamblea de este organismo, que está integrada por 75 rectores.
"Habíamos solicitado al ministro la convocatoria extraordinaria de un Consejo de Universidades para analizar y debatir el real decreto. Hasta ahora tenemos una convocatoria ordinaria donde no consta el análisis ni el debate del texto, así que estamos en contacto con el Ministerio de Educación", ha señalado. "La Asamblea que se reúne ahora decidirá la postura que tomaremos, cabe la posibilidad de que los rectores tomemos la decisión de asistir, de no asistir o de hacer un comunicado", ha añadido.
Sobre los contenidos de la reunión con el ministro, ha indicado que, salvo uno, relacionado con el nuevo decreto de becas, el resto "son asuntos de trámite, que no responden a la petición de los rectores". "Seguimos en contacto con el ministerio para ver si, de alguna manera, se puede incluir el debate del real decreto y no solo el informe del ministro porque en éste no hay debate ni se pueden adoptar acuerdos", ha aseverado.
Esta sería la primera reunión del titular de Educación con el Consejo de Universidades después de que el Gobierno aprobara las medidas de ajuste en el sistema educativo con las que pretende un ahorro de 3.000 millones de euros y sobre el que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ya mostró en su día su malestar por conocer el contenido una vez autorizado por el Consejo de Ministros.
La presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle, aseguró en aquel momento que estas medidas "no mejoran" el sistema universitario español y censuró los argumentos defendidos por el ministro por advertir del "insuficiente trabajo de profesores y estudiantes para justificar el decreto-ley". "No es un buen momento para cambiar las reglas del juego, subiendo a los estudiantes las tasas, tanto en primera, como segunda y tercera matrícula", dijo.
El texto establece la reestructuración de los grados universitarios y la eliminación de aquellos con baja demanda, permite a las comunidades elevar el coste de la primera matrícula hasta un 66%, incorpora un sistema punitivo para aquellas universidades que incumplan sus presupuestos y adapta el régimen de dedicación del profesorado universitario si cumplen sólo con la función docente o investigadora o con ambas.
