Cierre de reprografías, externalización de los servicios universitarios con sus correspondientes subidas de precio, cierre de las librerías por no renovar las concesiones y los correspondientes despidos. "La universidad pública está en una situación dramática", cuenta la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ángeles Díez. El nuevo decreto regional en educación no sólo supone recortes, despidos o aumentos de horas. También el encarecimiento de la educación. "Las matrículas del master de Documentación has pasado de costar 1.500 euros el curso pasado a 3.900". Una circunstancia que lleva al cierre de algunos de los masters que imparten las universidades públicas por la falta de estudiantes. El otro problema, es qué hacer con los que ya han cursado el primer año.
La Educación necesita solución, y ante "el cambio de modelo que está desmantelando lo público" comienza la desobediencia civil.
"Las matrículas del master de Documentación has pasado de costar 1.500 euros a 3.900"
No es una iniciativa nueva, en España la desobediencia civil nació el 20 de febrero de 1989. Entonces sólo fueron 57 los jóvenes que se presentaron ante las autoridades militares para reafirmarse en la negativa de realizar el servicio militar. Era otra época, y eran ellos los que pretendían cambiar el modelo vigente y dar un paso hacia adelante. Veintitrés años después son los Gobiernos los que están cambiando con sus decretos el actual modelo y los ciudadanos recurren a la desobediencia civil para volver al paso atrás. Al mantenimiento de lo público; la Sanidad y la Educación.
Ángeles Díez forma parte de la plataforma de profesores y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid que va a presentar una serie de iniciativas de desobediencia civil el próximo 12 de septiembre destinadas a profesorado, personal administrativo y estudiantes: "El criterio de la desobediencia civil es considerar que leyes injustas no deben ser cumplidas. Por tanto creemos que el decreto autonómico en Educación confronta contra los derechos fundamentales de trabajo y educación. Queremos trasladar a la opinión pública que las leyes injustas no deben ser cumplidas". Las actuaciones varían dependiendo del grupo afectado: "Para los profesores vamos a proponer que no asuman más horas o grupos más grandes como consecuencia de profesores asociados despedidos. El personal administrativo deberá hacer este curso 37,5 horas a la semana en vez de 35 horas para cubrir el trabajo de interinos despedidos, así que se les ha propuesto que sigan fichando por 35 horas. Y a los estudiantes, tras la subida de tasas, se les ha propuesto que pidan masivamente becas para paralizar en bloque el abono de las tasas hasta que se resuelva si la beca está o no concedida". Al margen, los alumnos continúan con una iniciativa propia, huelga indefinida a partir del 17 de septiembre, una medida a la que se sumará un gran grupo de profesores de las 6 universidades. "El personal administrativo lo tiene más complicado para hacer huelga, pero sí podrán hacer paros en las secretarías y poner un cartel explicativo durante ese tiempo".
"Para los profesores vamos a proponer que no asuman más horas o grupos más grandes"
El objetivo está claro; tirar para atrás el nuevo decreto educativo. "Las leyes en educación violan los derechos fundamentales y sólo benefician a empresas y mercados –asegura Ángeles Díez-. Se ha de legislar para el beneficio de la población, no para desmontar el desarrollo de un país, que es lo que ofrece la universidad pública. Esto no es un negocio".
En principio la plataforma de trabajadores de la Universidad Complutense cuenta con 600 personas, y sólo es una de las seis plataformas que se unirán a la desobediencia civil: "La gente se sumará individualmente y hará lo que pueda dependiendo de los riesgos que esté dispuesta a asumir. Sin embargo rectores y consejo de Gobierno en vez de plantarse ante la Comunidad sortean sus requerimientos". Ángeles está dispuesta a dar la batalla para salvar el futuro del país. Junto a ella, compañeros, estudiantes y desconocidos esperan oír el pistoletazo de salida para desobedecer al Gobierno de Aguirre.
