Matamoros explicó, en una rueda de prensa al término de la reunión, que pidieron a Micheletti "que el decreto sea eliminado, derogado, para que no haya ninguna duda, ningún cuestionamiento sobre la legitimidad" de los comicios del 29 de noviembre. Ortez Sequeira indicó que se pidió al gobernante de facto que "recapacite" y derogue el decreto, e insistió, al igual que Matamoros, en que el TSE garantiza un proceso electoral "transparente".
Micheletti dijo, en la misma rueda de prensa con los dos magistrados, que accedió a analizar la solicitud y volvió a insistir en que el decreto será "derogado de la manera oportuna". Sin embargo, apuntó que continuará consultas al respecto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos del Estado con el fin de tomar una decisión "consensuada".
El decreto fue publicado el pasado sábado en La Gaceta oficial y suspende garantías constitucionales como la libertad de movimientos, de reunión y de prensa. Diversos sectores políticos han criticado la limitación de las libertades y han señalado que el decreto afecta a las actividades proselitistas para las elecciones del 29 de noviembre.
El argumento
Micheletti aprobó el decreto en un Consejo de Ministros con el argumento de que el depuesto presidente hondureño, Manuel Zelaya, ha hecho llamamientos a la insurrección desde la Embajada de Brasil, donde se encuentra desde el día 21. Al amparo del decreto, Micheletti cerró el lunes un canal de televisión y una emisora de radio, y hoy la Policía y los militares desalojaron a 57 campesinos seguidores de Zelaya que ocupaban el estatal Instituto Nacional Agrario desde hace tres meses en rechazo al golpe de Estado del 28 de junio.
