En febrero del 2002 el Gobierno español formalizó con NAMSA, la Agencia de Mantenimiento y Apoyo de la OTAN, un contrato para cubrir las necesidades de transporte de los contingentes españoles en misiones de paz en el extranjero.
NAMSA adjudicó en concurso público los medios aéreos a la empresa británica Chapman Freeborn que, a su vez, subcontrató con la aerolínea Ukrainian Mediterranean Airlines, a la que pertenecía el Yak-42 siniestrado en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo del 2003, cuando regresaba de Afganistán.
El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, explicó el 4 de junio del 2003 que el Yak-42 había pasado por una "completa revisión" antes del siniestro, y a los dos días, suspendió "con carácter inmediato" los contratos con Chapman Freeborn.
El 16 de enero del 2004 un informe encargado por Defensa subrayaba las reiteradas denuncias de "peligrosidad" en los vuelos contratados por NAMSA, en lo que se refiere a la seguridad de los aparatos
Demanda civil
En febrero del 2004 el juzgado de primera instancia número 2 de Zaragoza admitió a trámite la demanda civil presentada por los familiares de las víctimas contra Ukrainian Mediterranean Airlines, Chapman Freeborn y su reaseguradora Busin Joint-Stock Insurance, por la responsabilidad de estas compañías en el siniestro.
Dos años después, el 10 de febrero del 2006, el tribunal condenó a las tres empresas demandadas a indemnizar con 10 millones de euros a los familiares de los fallecidos en el accidente, que habían solicitado una indemnización de 60 millones de euros.
La sentencia fue recurrida por todas las partes, incluida la compañía Chapman Freeborn, cuyos representantes no habían acudido a la vista y había sido declarada en rebeldía.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Zaragoza anuló el 17 de octubre del 2007 las actuaciones realizadas en el juicio contra Chapman Freeborn, al considerar que no se emplazó correctamente a esta compañía, y ordenó repetir el proceso desde el momento en que fue declarada en rebeldía.
Segundo juicio
El segundo juicio, celebrado en el Juzgado de Instrucción número dos de Zaragoza, quedó visto para sentencia el pasado 4 de febrero tras cuatro días de vista.
Durante el mismo, el representante de Chapman Freeborn reconoció que su empresa no realizaba inspecciones técnicas a los aviones subcontratados, sino que se limitaba a comprobar que la documentación estuviera en regla.
En sus conclusiones finales los abogados de las familias solicitaron 63 millones de euros en concepto de indemnizaciones a las compañías y la defensa de éstas reclamó la exoneración de su responsabilidad civil.
