Rastrear el servidor informático de Instituto Nóos y buscar posibles correos electrónicos no detectados hasta la fecha. Esa es la tarea que el juez que investiga los manejos económicos de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres ha encomendado a la Policía Científica. Solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, la orden llega después de que el abogado de Diego Torres entregase al juzgado varios correos electrónicos que implican al Rey y a la infanta Cristina en la actividad profesional del duque de Palma. Y, sobre todo, llega después de que el mismo abogado anunciase ante sus colegas del caso que hay muchos más correos de ese tenor. O sea, comprometedores para el monarca, quien, en 2007 y a petición de su yerno, hizo gestiones para un proyecto –luego fallido- en el que participaba la ONG más oscura de la trama, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS). Esa es la entidad sin aparente ánimo de lucro utilizada para desviar fondos a empresas extranjeras ligadas al paraíso fiscal de Belice.
Lo que los especialistas en informática de la Policía tratan ahora de averiguar en Madrid es si el time capsule incautado a Diego Torres en su casa almacena correos electrónicos que pudieron ser borrados en su momento pero posibles de recuperar. El time capsule –una especie de disco duro externo- posee capacidad para guardar de forma automática copias de seguridad de todos los e-mails enviados desde un mismo servidor. O recibidos. Aunque la providencia del juez hace referencia al citado time capsule y no al servidor de Instituto Nóos, las fuentes consultadas en la investigación aseguran que se trata de rastrear ese servidor al completo y obtener una imagen integral de su contenido. Es decir, la Policía tiene ante sí una misión mucho más ambiciosa que el escrutinio de un disco duro externo convencional.
Al lanzar la búsqueda de nuevos correos ocultos, el juez reacciona a lo que en distintos ámbitos se ha interpretado como un chantaje de Torres: el de desvelar material relativo al monarca si Urdangarin no se aviene a sus pretensiones, entre ellas la de pagarle 10 millones de euros, una reclamación sobre la que no hay pruebas pero cuya existencia consideran cierta quienes conocen el caso.
Pero con el paso dado el juez y la Fiscalía logran un segundo objetivo no menos importante: frenar en seco a quienes sostienen que los investigadores han recibido la orden de buscar un pacto rápido para impedir que nuevos hallazgos perjudiquen a la Casa Real. Si la Policía encuentra los correos sobre los que, de manera informal, habló el abogado de Torres, difícilmente podrá alguien ocultarlos. Y Torres se librará, de paso, de ser quien tome la iniciativa de entregarlos al juez o de revelar su contenido durante su declaración del próximo día 22.
