¿Está Ud. de acuerdo con que la malformación del feto no sea una causa para terminar el embarazo?
Consideramos que el debate no se debe centrar en “causas”. Me explico: en UPyD apostamos por la despenalización del aborto a través de una ley de plazos basada en el consenso médico-científico. Esta es la tendencia además, del resto de países de nuestro entorno. Volver a una ley de supuestos, como parece que pretende el PP, supone desde nuestro punto de vista un retroceso. En nuestra opinión, no se han de mezclar plazos con supuestos (como se hace en la actual ley).
Es necesario recordar por otro lado que en España desde mayo de 2008 está en vigor la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. No podemos partir de la premisa de que la vida de las personas con discapacidad es menos valiosa que la del resto, por tanto debe haber un único plazo. El único supuesto que cabría siempre fuera de ese plazo es que la vida de la madre corra peligro.
¿Atraso o progreso frente a la actual ley de plazos?
En nuestra opinión la actual no es una ley de plazos, es un híbrido entre plazos y supuestos que introduce mayor confusión, mayor inseguridad jurídica y que erosiona además un concepto jurídico fundamental como es el de la mayoría de edad legal. Permitir a las menores de 16 y 17 años que aborten sin el consentimiento paterno es “expropiar de forma indebida” por parte del Estado esta tutela a los padres o tutores legales.
Respecto a “atraso”, sí, una ley de supuestos (si es hacia lo que se quiere volver) parece un retroceso, pero el principal retroceso fue que en la legislatura anterior se aprobase una Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sin buscar el necesario consenso en un tema tan sensible como es este.
La anterior legislación, aunque mejorable, al menos nos proporcionó 25 años de estabilidad.
¿Protección al feto o a la madre?
Esta es una de las cuestiones fundamentales. Nuestra Constitución protege a ambos, a la madre y al “nasciturus”. Y ese ha de ser el objetivo al legislar sobre la IVE, conciliar ambos intereses. Creemos firmemente que una ley de plazos es la que mejor puede conciliar ambos derechos, teniendo en cuenta que no existen derechos absolutos.
¿Competencia política, del médico o de la madre?
En UPyD creemos que hay que respetar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, pero esto no puede ser óbice para que el Estado no garantice el cumplimiento de las leyes.
Hoy en día en algunas Comunidades Autónomas (como es el caso de Navarra) resulta casi imposible realizarse una IVE (en los términos que recoge la Ley), teniendo las mujeres que desplazarse a otras Comunidades.
En tanto Ley en vigor es deber del Gobierno velar por su cumplimiento, conciliando también el derecho a la objeción de conciencia del profesional concreto que quiera apelar a él.
¿Ventajas o inconvenientes para madres o familias de no poder abortar por anomalías del feto?
La inmensa mayoría de las malformaciones se detectan en los primeros meses de embarazo, por tanto el plazo establecido para todo embarazo incluiría la decisión de abortar relacionada con la posible malformación.
Nos parece en cualquier caso fundamental mejorar la información previa al consentimiento, que en el caso de que se detectase alguna anomalía en el feto debería ser más especializada, proporcionándose en concreto Información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales de asistencia social a estas personas. Todo sin olvidar que las personas con discapacidad son miembros naturales de la sociedad y forman parte de la diversidad humana.
¿Paradójico en un momento en el que el Gobierno de Mariano Rajoy haya recortado las ayudas a la dependencia?
Sí, la verdad es que el “globo sonda” de Gallardón diciendo que iba a eliminar el supuesto de malformación del feto, contrasta con los recortes del RD 20/20012, de 13 de julio, que suponen “una derogación encubierta” de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, ley en la que Mariano Rajoy no cree, a pesar de que el PP votara a favor de la misma en 2006.
