El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo opina que vincular la huelga a una mejora económica resulta difícil de comprender en el actual momento de crisis y teniendo en cuenta que el salario medio de los jueces aumentará en el 2009 en un 5 por ciento debido al incremento de las pagas extraordinarias.
Justicia señala que es "incomprensible" para los ciudadanos que los titulares de un poder del Estado dejen de cumplir con sus funciones constitucionales para presionar a los otros poderes del Estado.
Asimismo, el Ministerio tacha de "incongruente" que se amenace con una huelga para la urgente instalación de la Nueva Oficina Judicial cuando el Gobierno ha remitido ya al Parlamento el proyecto de ley que la hará posible y ve "intolerable" que se intente presionar a las Cortes con una huelga para intentar condicionar parte del contenido de la próxima ley que regulará la oficina judicial.
El Ejecutivo se pregunta por qué se amenaza, ahora, con una huelga para reivindicar una mejora de las tecnologías informáticas en la Justicia, cuando se ha hecho el mayor esfuerzo presupuestario que se ha conocido en esa dirección y cuando, por primera vez, la partida de modernización tecnológica supera a la de infraestructuras y equipamiento.
El Gobierno expresa su disposición al diálogo con las asociaciones judiciales, que están legalmente legitimadas para defender los intereses del colectivo judicial, con el objetivo de unir esfuerzos para ofrecer a los ciudadanos el servicio público de calidad al que tienen derecho.
La Constitución no permite esa huelga
El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha recordado a los jueces y magistrados que la Constitución no permite una huelga del Poder Judicial y confió en que todos ellos acaten la ley.
"Según la Constitución eso no es posible y yo espero que los jueces cumplan con las leyes", dijo Blanco en rueda de prensa tras una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
"Necesaria" dotación económica
Por último, el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, tras reunirse con representantes de las asociaciones judiciales, encuentros que prolongará a lo largo de toda la semana, advirtió al Gobierno de que el diálogo sobre la situación de la justicia es "inaplazable y urgente" y le instó a manifestar su "firme compromiso" de aprobar una "necesaria" dotación económica.
Además, avisó de que si el Ejecutivo no adopta medidas para afrontar la situación, el PP considera "muy difícil" mantener el pacto de la justicia firmado el pasado mes de julio entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de los populares, Mariano Rajoy.
Como medidas de presión, las asociaciones aprobaron la celebración de "actos reivindicativos" que podrían ser concentraciones a las puertas de todos los órganos judiciales, con una duración de entre cinco y quince minutos, precedidas de una convocatoria de rueda de prensa conjunta en Madrid.
