Garzón ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía en un auto en el que destaca que los responsables de la ilegalizada Batasuna, "consiguieron, fundamentalmente a través de PCTV, disponer de 837.000 euros, con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".
Indica además que el Partido Comunista de las Tierras Vascas, ilegalizado en septiembre de 2008 por suceder a Batasuna, fue instrumentalizado por los miembros de la Mesa Nacional "para continuar con la acción delictiva diseñada por ETA/EKIN/Batasuna", entramado al que el PCTV mantenía a través de "fondos de las cuentas del grupo parlamentario" integrado por Berasategui y Erauskin.
De hecho apunta a que los responsables del partido "se aliaron" con Segi y Askatasuna y el Movimiento Pro Amnistía para participar en la campaña en contra del Tren de Alta Velocidad (TAV), "complementando las acciones de violencia contra los bienes y los atentados contra la vida desplegados por ETA" como el que se cobró la vida del empresario Ignacio Uria.
De toda esta situación, según el auto, era consciente el presidente del PCTV, quien "conocía y asumía" la subordinación del grupo parlamentario "Ezker Abertzalea" a las directrices impartidas desde Batasuna y la contratación de sus dirigentes como empleados del partido.
También era conocedor del "vaciado de cuentas corrientes" de la formación y de su grupo parlamentario "a través de transferencias bancarias en beneficio de los responsables de Batasuna" y de la "integración de los recursos económicos" con los de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Batasuna, en una especie de "caja única".
Indagatoria
Otra prueba que esgrime el juez para acordar el procesamiento de estos cinco dirigentes de PCTV, a los que tiene previsto tomar declaración indagatoria el próximo 4 de agosto, son las reuniones que mantuvieron con "personas vinculadas a Batasuna" y concretamente con miembros de su Mesa Nacional.
De hecho, el partido cedió a la Mesa Nacional de Batasuna la utilización de su sede en el polígono Belartza de San Sebastián, donde, en dos registros en 2007 y 2008, "se intervino abundante documentación interna de Batasuna".
Esto "pone de manifiesto la prestación de cobertura por parte de PCTV/EHAK para las actividades de una organización ilegalizada" y como este partido y ANV fueron "fagocitadas por Batasuna perdiendo el carácter autónomo que pudieron haber tenido en el marco de la denominada izquierda abertzale".
En dos reuniones de la Mesa Nacional, celebradas en junio y septiembre de 2007 en Salvatierra (Álava), fue detectada también la presencia de la parlamentaria vasca Nekane Erauskin, desde cuya cuenta bancaria, según el juez, se realizaron dos trasferencias con destino al entramado etarra por 27.000 euros cada una.
En febrero de 2008, Garzón imputó un delito de colaboración con ETA y otro de asociación ilícita a Ramos, Agirre y Jacinto ante la sospecha de una posible vinculación "de PCTV con Batasuna-ETA, así como la instrumentalización económico-financiera de dicho partido legal -en ese momento- para contribuir a la actividad y fines presuntamente terroristas de dicha organización".
El auto añadía que los responsables de dicha formación "habrían autorizado, diseñado y dirigido o participado en las operaciones" a través de las cuales se permitió financiar a ETA.
La condición de aforadas de Nekane Erauskin y Karmele Berasategi hizo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se hiciera cargo de esta causa hasta que ambas perdieron su aforamiento tras las elecciones del pasado 1 de marzo, momento en el que Garzón volvía a ser el competente para instruir estos hechos.
