Respecto al delito de defraudación a la Hacienda Pública, el magistrado señala que estos hechos "pudieran ser los mismos" que los que están siendo ya investigados en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ante el que los detenidos han comparecido "voluntariamente", por lo que tampoco es "causa bastante" para ordenar una medida provisional más grave que la acordada.
En su resolución, el juez explica que "de lo actuado" se desprende que los detenidos, que fueron arrestados cuando iban a mantener una reunión en Barcelona, formaban un grupo organizado que podría estar desviando cantidades de dinero "no concretadas en este momento" hacia grupos terroristas yihadistas procedente de ese fraude fiscal a través de un entramado de empresas liderado por uno de los arrestados, Nasar Iqbal Chaudry.
Iqbal Chaudry, añade el auto, "sería el verdadero propietario" de este entramado que supuestamente se articula alrededor de Bright Comunications Services S.L.
Según el juez, la cantidad que se habría dejado de ingresar en concepto de IVA sería superior a 120.000 euros en cada uno de los ejercicios comprendidos entre el 2002 y el 2006 y la desviación de estos fondos, "ocultos para el circuito financiero legal", se efectuaría "de forma similar al modus operandi de Al Qaeda".
Tendrán que volver a comparecer
Así, Garzón impone comparecencias en el juzgado más próximo a su domicilio y prohíbe salir de España a cuatro de los detenidos, Mohammad Rukhsar, Abdul Sadiq, Debra Harry Rodrigues y Hafiz Ghulam Murtaza, y a otros dos, Nadar Iqbal Chaudry y Abar Hassab Aslam, les impone la obligación de comparecer en el consulado que les sea más cercano.
Además de los arrestos, la Guardia Civil practicó registros Canarias, Madrid, Alicante, Albacete, Cataluña y en la zona de La Rioja y Navarra, lugares de residencia de los detenidos.
