Así lo han explicado fuentes jurídicas después de que la sección cuarta de la Sala de lo Penal de este tribunal, compuesta por los magistrados Ángela Murillo, Paloma González y Francisco Martel, se haya reunido a puerta cerrada para estudiar conjuntamente los recursos que las acusaciones presentaron hace 18 meses contra la decisión de Marlaska de rechazar nuevas imputaciones en esta causa.
Las mismas fuentes han indicado que el fiscal considera que no se pueden "extender responsabilidades como una mancha de aceite a toda la administración militar española", por lo que ha apoyado que se mantengan las cinco imputaciones iniciales porque no existen nuevos datos ni se han producido otros hechos que modifiquen la causa.
El 20 de mayo del 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska imputó un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a cinco mandos militares: el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Antonio Moreno Barberá, el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMACON), Juan Luis Ibarreta, y los responsables de este último organismo José Antonio Martínez Sainz-Rozas, Joaquín Yáñez González y Alfonso Elías Lorenzo Taboada.
Un mes y medio después, el magistrado rechazó imputar a Trillo al no apreciar indicios de criminalidad en su forma de actuar porque el ex ministro no tuvo ningún papel en la contratación del avión.
Tampoco imputó a otros militares, a dos empleados de la empresa Chapman Freeborn (contratista de la aeronave) y a dos técnicos de Aviación Civil, porque entendió que "las condiciones y circunstancias de la contratación del avión siniestrado, en todo caso, gravitaban (...) sobre el Estado Mayor Conjunto (EMACON)".
Recursos de las familias
Las familias recurrieron entonces para pedir nuevas imputaciones como las de los ex jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) y del Aire (JEMA) Luis Alejandre Sintes y Eduardo González-Gallarza Morales, respectivamente.
Además, quieren que se impute a otros cargos militares, como el ex jefe de la División de Planes del EMACON Ángel Guinea y el ex responsable del Centro de Conducción de la Defensa (CECOD) José Antonio Beltrán.
El presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42,Ángel Sencianes, ha apelado en declaraciones a los periodistas a la "madurez democrática" porque Trillo, ha dicho, "es un ciudadano más que ha tenido mucho que ver, porque él podría haber evitado 62 muertes".
Los familiares, ha indicado, necesitan "celeridad y auxilio" de la Justicia porque "han pasado ya siete años y se van haciendo mayores". Mientras, el abogado de la asociación, Leopoldo Gay, ha insistido en que la operación desplegada en Afganistán fue "objeto de tutela por parte de la cúpula del Ministerio", por lo que "sería impensable" que el departamento que entonces dirigía Federico Trillo no tuviera información sobre los informes que denunciaban "quejas o disfunciones" en el funcionamiento del Yak-42.
Precisamente el miércoles el Tribunal Supremo confirmó la condena de 3 años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional al general de Sanidad Vicente Navarro y de 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capital Miguel Sáez por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en al accidente del Yak-42 después de deliberar sobre el recurso de los tres condenados y de las asociaciones de familiares contra el fallo.
