Bazán ha añadido que también van a solicitar al tribunal "derechos cautelares", que obliguen a suspender la obligatoriedad de entrar en clase a los alumnos objetores y que no tenga consecuencias negativas en su currículo.
Inmaculada López, en nombre de las familias objetoras, ha insistido en que la asignatura es una "intromisión" del Estado en ámbito personal y en las libertades, e impone el adoctrinamiento, y que el papel del Estado no es educar moralmente a los hijos, esto es una cuestión de "conciencia y libertad".
El abogado Roger Kistka de ADF, organización estadounidense especializada en defensa jurídica de los derechos fundamentales, que presentará la demanda en nombre de los padres objetores, ha dicho que la ley "defiende el derecho de los padres" a elegir la educación de los hijos, y que el Estado debe respetar los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus creencias, ética y religión.
Kistka ha añadido que hay varios convenios internacionales que anteponen los derechos de los padres a la educación de los hijos frente al Estado, y que el Estado español discrimina a los padres que no pueden educar a los hijos según sus propias conciencias, y que en este sentido defenderá a los padres objetores en Estrasburgo.
