El portavoz del PP, Miguel Ángel Cortés, ha dicho que este proyecto de ley "entró sin acuerdo y saldrá sin acuerdo", y que aunque su grupo se había abstenido en el trámite anterior en el Congreso, ahora votaban en contra de las enmiendas aprobadas en el Senado, "aunque queremos que conste en acta nuestro rechazo político a la ley en su totalidad".
Cortés basó su crítica a la ley en el artículo que crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que calificó de "dañino con el gasto público" ya que este grupo ha defendido desde el principio que este organismo ya está presente en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y, por tanto, es innecesaria su creación.
El diputado popular se mostró "radicalmente en contra" de que un organismo administrativo pueda cerrar un medio de comunicación, cuando eso sólo lo puede hacer un juez y también "que este Consejo nos diga qué podemos ver y qué no, ejerciendo una censura ideológica".
El diputado socialista, Oscar López, ha respondido que este proyecto de ley ha tenido una elaboración de seis años, con mucho debate, con debates parlamentarios de tramitación de enmiendas, alrededor de 600 "y decenas y decenas de reuniones del Gobierno con sindicatos, operadores y teleoperadores. Es una ley con muchos años de negociación política".
Ha dicho que es una ley que culmina una reforma de seis años, donde hay un nuevo modelo de televisión "sin deuda y sin manipulación del PP"; una ley que defiende el pluralismo y aunque permite las fusiones, estas sólo pueden realizarse con el límite del 27 por ciento de cuota de pantalla.
En el caso del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, Oscar López ha recordado que el PP ha pedido la existencia de un Consejo de lo Audiovisual y lo ha defendido en la comunidad de Castilla y León, que tendrá también su Consejo Autonómico.
El portavoz del PNV, Pedro María Aspiazu, ha afirmado que esta ley está hecha a la medida de las televisiones privadas, como es el caso de la Ley de Financiación de TVE, "que recoge las principales demandas de las empresas de televisión en abierto, además de inventarse una tasa que deberán pagar los telecomunicadores".
En su opinión, las prisas en su tramitación ha tenido más que ver con UTECA -la asociación de televisiones privadas- que con el interés general y ha criticado la existencia del Consejo Estatal "cuando es necesaria una eficiencia máxima en el uso de los recursos".
Para el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, la ley sirve a un "mercado audiovisual sin pluralismo", la ha calificado de "ley Berlusconi", que es la ley de la privatización de TVE y que favorece a la ultraderecha al permitir emitir en cadena empresas de ámbito local, muchas de las cuales están en manos de ultraconservadores.
La ley obliga a los operadores privados a invertir el 5 por ciento de sus ingresos en cine europeo, así como series para televisión, mientras que para los públicos esta obligación es del 6 por ciento.
En el caso de los menores, la ley prohíbe a los operadores a emitir en abierto pornografía o violencia gratuita y que el acceso a estos canales cerrados posibilite el control parental.
En el caso de programas en abierto, estos deberán clasificar por edades sus contenidos así como una codificación que permita el control de los padres, homologado por la Autoridad Audiovisual.
La ley también regula los programas de juegos y apuestas, que sólo pueden emitirse entre la una y las cinco de la mañana y los de contenido esotérico entre las 22 y las 7 de la mañana, aunque los prestadores del servicio tendrán responsabilidad sobre fraudes que pudieran producirse.
En el apartado publicitario, la nueva ley permite la emisión de anuncios 12 minutos por hora de emisión, incluido en ellos la televenta, aunque se excluirán el patrocinio y el emplazamiento.
