Sin embargo, señalan que esa adaptación es un "trámite jurídico impuesto por ley", pero que no supone necesariamente que el proceso electoral iniciado en la caja el pasado otoño se tenga que regir por la nueva normativa, aprobada al cierre del año, ya que, por el momento, son mayoría los consejeros que sostienen que las elecciones deben continuar con los estatutos y la ley de cajas de 2003.
Además, como suele ser habitual a principios de cada año, los consejeros de la caja estudiarán los logros obtenidos en el pasado ejercicio y las metas fijadas para éste, con el fin de ajustarlas a la actual coyuntura económica.
De este modo, teniendo en cuenta las previsiones macroeconómicas para España y las restricciones de liquidez de los mercados internacionales, los consejeros optarán probablemente por recortar algunas de las aspiraciones del "Plan 2010", aquél aprobado por la entidad a principios de 2007 -cuando la situación económica era bastante más favorable- y que fijaba los objetivos hasta el próximo año.
El plan recogía, entre los grandes propósitos de la caja, obtener en ese periodo un beneficio consolidado antes de impuestos de 8.600 millones de euros; un incremento del volumen de negocio de 150.000 millones; y 1.000.000 de clientes más.
Asimismo, la entidad presidida por Blesa preveía abrir 300 nuevas sucursales, contratar a unas 2.200 personas, e invertir 1.000 millones de euros en tecnología.
El "Plan 2010" tal y como informó la entidad en el momento de su aprobación, se complementaría anualmente con los planes tácticos de negocio, actualizaciones que ajustarían los objetivos de la caja "en función de la evolución del entorno económico".
