El Ministerio de Fomento busca soluciones a las autopistas, y quiere hacerlo con urgencia, antes de que termine este mes. La Ministra Pastor se comprometió en el Congreso que en el mes de julio presentaría el Plan de Inversión de infraestructuras, Transportes y Vivienda - Pitvi-. El Plan necesita capital privado y las grandes empresas del sector están involucradas en la nefasta inversión de las autopistas radiales de Madrid, la autopista a la T4 Barajas, Alicante-Cartagena y Cartagena-Vera.
Las autopistas proyectadas por el Gobierno de Aznar con el empuje de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, han fallado en todas las previsiones. Es quizá por esto que Esperanza Aguirre avanzó la propuesta de peajes en las autovías. La Presidenta presentó la medida con el objetivo de nuevos ingresos para el mantenimiento de las carreteras de la Comunidad, pero tenía alguna intención más, ayudar a desviar el tráfico hacia las autopistas vacías.
Además, ahora sabemos por algunas informaciones que el plan de carreteras de Madrid tiene "dibujados" 600 pórticos, un sistema que controla a quién utiliza la vía y los kilómetros que recorre para posteriormente cargar una factura en la cuenta bancaria del usuario. Algunas de las concesionarias involucradas en la deuda de las autopistas se preparan para acceder al concurso de explotación.
En todo caso, la situación es muy delicada, las concesionarias y los bancos presionan y la amenaza es clara, ó el Gobierno resuelve la situación ó corre el riesgo de afrontar la responsabilidad patrimonial por unos 3.908 millones de euros.
Ya en su momento el ministro José Blanco concedió un préstamo ventajoso de 80 millones a las concesionarias. Pero las cosas han empeorado, en febrero el nuevo Gobierno se comprometió a buscar una solución definitiva, ya que el crédito de 290 millones avalado por el Estado y previsto inicialmente para los presupuestos del 2012 no era suficiente. Las concesionarias no pueden pagar ni los intereses de la deuda.
El tráfico se ha quedado entre el 30 y 35% del previsto, el saldo de explotación en 2010 fue tan sólo de 49,5 millones-. El cálculo es revelador, aunque las 9 empresas concesionarias - ACS, OHL, Sacyr, Cintra, Sando, Isolux, Ferrovial, Abertis, Aseta- pagaran con sus beneficios, tardarían en abonar la deuda más de 80 años.
La situación es crítica ya que además de la falta de ingresos, las concesionarias se han financiando mediante préstamos en cajas españolas, -Caja Madrid, CajaMurcia, Cajamar-, pero también con bancos extranjeros. Algunos de estos préstamos está en suspenso, pero otros deben ser renegociados en septiembre. El agujero es de unos 3.800 millones; sólo las radiales de Madrid suman una deuda de 2.220 millones.
Por otra parte, una de las principales causas de los sobrecostes de estas autopistas tiene el origen en las expropiaciones, que se desviaron hasta en un 600%, entre otros motivos porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid llego a fijar en 3.100 euros el metro cuadrado, un justiprecio que en algunos casos igualaba el precio del metro cuadrado del suelo en el centro de Madrid. Las expropiaciones de la R-3 y R-5 tuvieron un coste de 1.500 millones, cuando la previsión era 640 millones .
En este momento el Gobierno estudia varias vías para solucionar este asunto. Estudia un Plan para hacerse cargo de las autopistas mediante el pago de un euro y la deuda que soportan. El Ministerio de Fomento considera inviables cuatro radiales, Madrid-Toledo y la que lleva a la T4-Barajas, para las que contempla su nacionalización ya que considera que están en riesgo de quiebra.
Para hacer frente al coste de esta medida implantarían peajes en otras autovías de la red viaria. Otras opciones es que el Gobierno afronte el pago de la responsabilidad patrimonial y se quede con la titularidad; o bien incrementar la imposición sobre el combustible para mantener esta y toda la red de carreteras.
En todo caso, Fomento va a actuar con urgencia, puesto que necesita solucionar el agujero de las autopistas para contar con las empresas del sector en el PITIVI. Un plan con un el horizonte fijado en 2024 y que necesita la colaboración pública-privada para su financiación.
