El Ministerio del Interior se ha dirigido a la Abogacía del Estado para que vea si hay indicios y elementos que sirvan judicialmente para impugnar algunos de estos casos que sospechan que simularon la condición de perjudicados.
Se trata de un grupo de personas a las que en un primer momento se les reconocieron lesiones de carácter leve, como crisis de ansiedad y estrés, y que luego no fueron avaladas como tales en la sentencia de la Audiencia Nacional.
Ninguna de ellas, según subrayan las fuentes, está recibiendo pensión como víctimas del terrorismo.
En el caso de Candelario, por ejemplo, ha recibido de Interior 500 euros por estrés postraumático y le fueron abonados los días que estuvo de baja, según las mismas fuentes, que no obstante desconocen si ha recibido otras ayudas por parte de la Comunidad de Madrid o de asociaciones de víctimas.
