Veíamos el pasado jueves cómo en 1977, tras las elecciones generales del 15 de junio de aquel año, se convocaron los históricamente denominados Pactos de la Moncloa, que pasaron a ser una muestra de cómo en un momento de graves dificultades para la economía española todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para formular una serie de propósitos, e instrumentarlos debidamente, en lo que se ha considerado, desde entonces, un gran éxito político y económico.
También veíamos el último jueves, el 12 de marzo, que actualmente transcurrimos por una crisis considerable, que en términos análogos a los ya comentados para 1977, se hace necesario alguna clase de grandes acuerdos nacionales que, para entendernos, llamaremos Pactos de la Moncloa-2 (PM-2).
Nos planteábamos la semana pasada esa eventualidad, que se ha pedido por numerosas voces, a las cuales el actual Gobierno, al menos hasta ahora, no ha dado una respuesta satisfactoria. Fundamentalmente por razones políticas, en el sentido de que el PSOE -en cierto modo como una herencia del Pacto del Tinell del tripartito catalán, y de los acuerdos del bipartito gallego- se negaba, hasta ahora, a pactar con el PP. En una especie de radical aversión de la pretendida izquierda contra la denostada derecha.
Pero las cosas no son eternas, y en el momento actual resulta que tras las elecciones del 1 del corriente mes de marzo, el Partido Socialista de Euskadi (PSE), si quiere gobernar en el País Vasco, tendrá que negociar con el PP. Algo que puede conducir a una nueva dinámica política. Puesto que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya no va a contar con el apoyo de los votos del BNG por razones obvias de la derrota del bipartito galaico, ni del PNV, por la nueva etapa que quiere abrirse en la gobernación de las antiguas provincias vascongadas sin contar con los nacionalistas.
Yendo ahora al contenido de esos posibles PM-2, podemos reflexionar sobre algunos temas concretos: unidad de mercado, sistema fiscal, organización laboral y educación y nuevas tecnologías.
Empezando por la unidad de mercado, está claro que el desarrollo económico español, y otras muchas facetas de la vida pública del país, están viéndose trabadas por lo que constituye una auténtica hemorragia de las asambleas legislativas de las 17 CCAA. En otras palabras, en una serie de manifestaciones ya no funcionamos como un auténtico mercado nacional, que a su vez está formando parte de un mercado único europeo. Sencillamente, porque se ha producido una compartimentación en lo que más gráfica que despectivamente llamo desde hace tiempo las 17 republiquitas ibéricas; y lo de ibéricas, porque algunas de ellas ni siquiera querrían identificarse, por circunstancias de nacionalismo exacerbado, como españolas.
El caso es que en materia de comercio, industria, agricultura, medio ambiente, etc., tenemos que habérnoslas con 17 legislaciones diferentes, con todo lo que ello comporta de ineficacia (no hacer las cosas) e ineficiencia (no hacerlas bien).
La segunda cuestión se refiere al tema de la fiscalidad. En la que las fuerzas centrífugas están actuando también para romper con el artículo 14 de la Constitución; que preconiza aquello, tan olvidado ahora, de que "todos los españoles son iguales ante la ley". Por las diferentes situaciones que se dan en términos de tributos y gasto público. Con la particularidad de que junto a ese problema relacionado con la unidad de mercado tenemos un sistema fiscal que resulta recaudacionista, con una presión creciente, que hace más difícil el desarrollo de cualquier clase de actividades económicas, y que en vez de atraer la inversión exterior, la repele; incitando, además, a la salida masiva de capitales.
En cuanto al tercer asunto, la organización laboral, tal como funciona actualmente, resulta obsoleta. Y contraria a los obligados principios de mayor productividad y competitividad, indispensables en una economía mundial, valga la aparente redundancia, cada vez más globalizada.
En el sentido de que los convenios actuales son una especie de "café para todos" que permiten vivir prácticamente igual al trabajador consciente y a quienes no les preocupa ni poco ni mucho el esfuerzo a realizar. A lo que se agrega el sistema de indemnizaciones para la regulación de empleo, así como todo un conjunto de disposiciones que retrasan el retorno al trabajo de los parados por falta de incentivos.
Y por último, por no alargar demasiado este segundo artículo sobre los PM-2, y con una visión más a largo plazo, queda la cuestión del sistema educativo y de investigación. Un área en el que estamos en una mediocridad rayana en la máxima inoperancia.
En este contexto, nuestros escolares y universitarios se sitúan generalmente entre los peores de la UE, y en términos de I+D+i nos hallamos más próximos a los países menos desarrollados que a los más avanzados.
En resumen, los PM-2 son necesarios, los necesitamos más que el comer. Y si no llegamos a tales acuerdos, que se están pidiendo por doquier sin que el Gobierno les preste oídos, la salida de la crisis será mucho más larga, y no estaremos en condiciones de poder figurar en ningún proyecto de prosperidad futura. Es el presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, el que tiene la palabra. Y el juicio histórico que sobre él pueda formarse va a depender de lo que en este punto pueda decidir las próximas semanas.
