El acuerdo sobre la financiación autonómica ha sido un buen ejemplo, uno más, de lo que el actual Gobierno está dispuesto a encajar con tal de firmar un acuerdo que proporcione una buena foto. No importe que los costes sean a medio plazo inasumibles. Será problema de otro Gobierno.
En la cuestión del denominado diálogo social todos los pasos parecen encaminados en una dirección similar. Si en la financiación autonómica se cedió a las exigencias de los sectores más radicales del nacionalismo con tal de capturar su voto para asegurarse la primacía parlamentaria, en el caso del diálogo social se trata de ceder lo que sea necesario para no incurrir en los riesgos que podrían derivar en una confrontación con los sindicatos y quizás en una huelga que podría incluso llevar el sonoro y mítico apellido de "general". El Gobierno del PP logró eludir el peligro a base de renunciar a algunas reformas esenciales, ampliamente recomendadas por los inevitables organismos internacionales, pero finalmente orilladas en aras de la denominada paz social.
Ahora que estamos en plena recesión (la crisis que en su momento nos negamos a reconocer y que ahora tiene mayores grados de riesgo y peligrosidad), hacer reformas o tomar medidas para reparar el barco y ponerlo a flote se está convirtiendo en tarea poco menos que imposible. Hacerla posible es, de todas formas, bastante factible: basta con poner más dinero encima de la mesa para pagar nuevas exigencias y al menos una de las dos partes, los sindicatos, firmarán sin demora. La otra parte, la empresarial, que normalmente suele alinearse con los postulados de la sensatez, corre el riesgo de asistir a la firma de este nuevo acuerdo como invitado de piedra y, a medio plazo, pagano de las medidas.
No hay que hacerse ilusiones: toda medida que extienda el subsidio mediante el riego de dinero naturalmente público acabará siendo, tarde o temprano, una nueva apelación a los impuestos y, en todo caso, al déficit público, ese gran enemigo que hay que combatir aunque ello parezca una exigencia conservadora o de derechas, pero que acaba siendo una premisa indispensable para crear empleo y riqueza. No se conoce ningún país que, mediante el recursos sistemático al déficit de las cuentas públicas, haya edificado una era de prosperidad y pleno empleo. Las evidencias contrarias son apabullantes por numerosas.
La negociación para el pacto social está siendo, en suma, una subasta de subvenciones al empleo o, mejor dicho, al desempleo, o sea, a los parados. Y, al mismo tiempo, un intento de convencer a los empresarios para que firmen el acuerdo de la foto final al menor coste posible. La cuestión, para el bando empresarial, se presenta básicamente centrada en las cuotas a la Seguridad Social, que por una parte son un coste para la empresa y, por ello, un fuelle sobre el que regular la competitividad empresarial. Lógicamente, no es el único fuelle. Hay otros muchos. Pero los costes asociados al factor trabajo son pieza básica de la competitividad de las empresas. Cuanto más cuesta crear y mantener un puesto de trabajo, mayor es la dificultad para crear empleo y, por lo tanto, más lejos estará el acuerdo social de revertir en beneficios para el conjunto de la colectividad. Es por ello que los empresarios luchan por reducir al máximo ese coste. Es decir, ampliar cuanto más puedan el recorte de los tipos de cotización.
El límite para ese recorte de las tarifas sociales está en la supervivencia del sistema, que está pensado sólo para que actúe con superávit. ¿Cómo se las arreglará Zapatero para convencer a los empresarios que firman un pacto si no está dispuesto a ceder más que un recorte prácticamente simbólico en las cuotas de la Seguridad Social pero que, a pesar de su escasez, pede poner en peligro el equilibrio de la seguridad Social? Estamos expectantes ante el nuevo malabarismo del marketing que se nos avecina. Pero, por encima de todo, lo que habría que preguntarse, tras los acuerdos que se plasmen antes de final de mes, es si van a mejorar realmente nuestra posibilidad de salir de la crisis económica, de crear empleo estable y de seguir contribuyendo al aumento de la riqueza colectiva.
