Los malos estudiantes suelen quedar para septiembre. Varios países de la Unión Europea tendrán que aprobar también en segunda ronda, pero no en septiembre sino en el año 2013. La Comisión Europea ha hecho de tripas corazón y en un alarde de flexibilidad permite que los países con déficit excesivo (España es naturalmente uno de ellos, con un déficit que este año rondará el 11% del PIB) vayan volviendo al redil del 3% de límite máximo de déficit antes del año 2013. O sea dentro de cuatro años, el déficit español tendrá que ser inferior al 3%. Cuatro años en los que el esfuerzo de reconducción de las finanzas públicas se tendrá que traducir no sólo en una mejora de los ingresos sino casi con seguridad en un recorte de los gastos, ya que ni en los mejores tiempos de la expansión económica España habría logrado reequilibrar un déficit tan dañino como el que ha generado Zapatero con su inagotable afición por el aumento de los subsidios sin contrapartida de estímulos a la creación de empleo.
El aplazamiento de la exigencia de reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB tiene sus servidumbres también políticas. La legislatura acaba en junio del año 2012, de forma que será el próximo Congreso de los Diputados el que tenga que aprobar el Presupuesto saneado, lo que quizás coincida (si el PSOE pierde las elecciones y el PP logra mayoría para gobernar, asunto cargado de incertidumbre visto desde la óptica actual) con un Gobierno sin Zapatero al timón.
El cambio de plazo puede ser un regalo envenenado para la economía española: el actual Gobierno no estará obligado a alcanzar el 3% durante su mandato sino que se pospone al siguiente, lo que en una primera lectura podría significar que el aplazamiento de un año en la obligación de mejorar las cifras generará una cierta irresponsabilidad presupuestaria y fiscal. Pase lo que pase, hasta la próxima legislatura no será posible, ni obligatorio, devolver el equilibrio a las cuentas públicas. Si el tope hubiera quedado en el año 2012, se podría llegar a suponer que el último año de la actual legislatura con Zapatero estaría desprovisto de posibilidades de financiar proyectos excesivamente electoralistas. Como no será hasta el año 2013 cuando hay que cumplir con el mandato de Bruselas, el año 2012 puede ser todavía rico en salvas.
Cuatro años para rebajar unos 7 a 8 puntos de déficit sobre PIB significa recuperar en torno a los 100.000 millones de euros de ortodoxia presupuestaria en dicho periodo. Es decir, o bajar gastos en esta cuantía, o subir ingresos en dicha montante o ambas cosas a la vez, pero de forma que sumen lo mismo. Esto significa un ritmo anual de unos 25.000 millones de euros de mejora del saldo presupuestario, es decir, cerca de un 2% del PIB cada año arañando déficit.
El reto varía de intensidad si se hace en una recesión, en una etapa de crecimiento bajo o en una fase de expansión económica. Desde luego, lo que está claro es que el primer año de este tramo de corrección del déficit (año 2010) será de crecimiento cero o negativo, de forma que el esfuerzo tendrá que empezar a partir del año 2011. Para entonces es posible que la economía logre una tasa de crecimiento algo superior al 1%, pero eso ya se sabe lo que significa en España: cero crecimiento del empleo o incluso aumento del paro. Para crear empleo en España, el PIB tiene que crecer (según la evidencia histórica) por encima del 3%, lo que no es fácil lograr antes del año 2012. O, en el mejor de los casos, sólo en el año 2012. Y sin aumento del empleo, la búsqueda del equilibrio presupuestario y fiscal es prácticamente imposible, a no ser que se modifiquen radicalmente las premisas básicas del Estado de Bienestar, tal y como se ha configurado en los últimos años (en especial en el año que pronto verá el final) por el actual Gobierno. Si el Estado ha de seguir financiando el subsidio de paro con una economía estancada, el crecimiento del gasto público hará posiblemente inviable toda estrategia de recuperación de un déficit fiscal del entorno del 3% del PIB, como nos exige Bruselas.
En suma, la imposición de deberes tan severos por parte de Bruselas a la economía española no tendrá posibilidades de éxito si la misma no viene acompañada por una exigencias muy duras y precisas en el desarrollo de políticas económicas orientadas en la dirección adecuada, lo que implica un cambio de rumbo significativo en la actual política económica que desarrolla el Gobierno Zapatero. Algo de ello ha empezado a oírse estos días gracias algunas filtraciones periodísticas, como el reajuste en profundidad del sector público. El problema con esta bienintencionada orientación es que la mayor parte del despilfarro y del uso ineficiente de los recursos públicos se ha descentralizado y ya no depende del Gobierno central.
