El contenido de la famosa "economía sostenible" saldrá hoy a relucir por boca de su principal mentor, el presidente del Gobierno, con motivo de su esperada comparecencia. El cajón de sastre de esta nueva ley les recuerda a algunos a las famosas Leyes de Acompañamiento del Presupuesto, tan denostadas por Zapatero pero que parece haber dado marcha atrás para recuperarlas todas de golpe y en una sola pieza, aunque con más ínfulas. Con esa falta habitual de sentido del equilibrio con el que los españoles solemos abordar el análisis de los asuntos ajenos, y muchos de los propios, hay que reconocer que las primeras valoraciones que le han dedicado al asunto los analistas, en especial los que tienen un tinte político dominante, han sido decepcionantes. Será, sin embargo, a partir de la exposición detallada del anteproyecto de ley cuando podamos dar alguna opinión y valoración menos sesgada y con pretensiones de mayor ecuanimidad.
Hay, sin embargo, algunos motivos para la crítica que los propios autores del proyecto, empezando por la vicepresidenta del Gobierno, se han encargado de airear y de reconocer. Es llamativo que se confiese, de entrada, que las llamadas "grandes reformas" que requiere la economía no se aborden en este intento tan pomposamente justificado como un proyecto de cambiar eso que se llama el "modelo económico", posiblemente otro concepto bastante vacío de contenido. Las reformas que la economía española necesita han sido suficientemente aireadas y manoseadas como para que a estas alturas no estemos en condiciones de admitir que la legislación laboral es uno de los ingredientes de ese alto grado de insatisfacción que suelen expresar los expertos y analistas económicos cuando hablan de nuestra arquitectura económica. El modelo de relaciones laborales no gusta en exceso y se le atribuye una influencia nefasta a la hora de permitir la creación de empleo y, particularmente, de empleo estable. Es más, se le considera una fuente de agravios para las jóvenes generaciones, un mecanismo de férrea protección de derechos adquiridos a costa de frenar la flexibilidad que toda economía moderna necesita. La ausencia de espíritu reformista en este capítulo de nuestra estructura económica es de meditar, ya que puede constituir un freno a la hora de resolver el principal problema económico, el de la insuficiente ocupación. En España hay demasiados parados y demasiados parados jóvenes, cuya inactividad laboral no tiene tanto que ver con las carencias educativas sino más bien con la falta de oportunidades. Sin un propósito decidido de remediar las carencias del sistema laboral español, la prédica sobre la economía sostenible no pasará de ser un brindis al sol y apenas una operación de marketing político.
Otras reformas que el anteproyecto de ley no abordar están en la mente de muchos. Algunas son de largo recorrido (la adaptación a la realidad demográfica y laboral del sistema de pensiones públicas, que al fin parece que se empieza a reconocer como asunto a resolver, aunque sea a medio plazo) y otras han reverdecido con la crisis financiera (reforma necesaria de las cajas de ahorros). Son dos cuestiones que, como la reforma laboral, hunden sus raíces en lo más profundo de la estructura económica de España. Ambas, quizás con tiempos distintos (el asunto de las cajas es, con mucho, bastante más urgente), requieren un trato especial e imprescindible.
Fuera de las carencias, el proyecto de Economía Sostenible ha deparado hasta la fecha algunas sintonías agradables y bastante hojarasca de ciclo corto que más bien parecen destinadas a contentar a algunas parroquias de feligreses. Parece que en el pulido final del anteproyecto de ley, algunas de esas pretensiones con carga más ideológica que pragmática y realista han ido perfilándose con mayor sensatez. Entre las cosas que suenen bien, que son bastantes, habría que reconocer al menos el esfuerzo por recuperar el asunto de las deducciones fiscales a la investigación y el desarrollo e innovación, tema que los Presupuestos del próximo año han dejado de lado pero que podría ser recuperado para el bien de la inversión empresarial.
También el intento de buscar una mejor eficacia para los incentivos a la compra de viviendas, centrando el asunto en niveles de renta más ajustados. Los incentivos a las obras de reforma son también parte de los aciertos de la nueva legislación por su potencial impacto en el empleo. También es de agradecer el nuevo enfoque que se le pretende dar al alquiler, una de las actividades más orilladas en todas las políticas de vivienda de los últimos años, aunque para que le felicidad sea completa sería de esperar que los derechos que regulan la propiedad de la vivienda sean objeto de un respeto efectivo en los tribunales para que la jurisprudencia de esta sector, no alimente el retraimiento de los inversores. En suma, hay rasgos positivos que sería necesario no sólo reconocer sino incluso estimular. La valoración de fondo, sin embargo, sigue arropando la gran pregunta que se hacen quienes esperan de verdad la puesta en marcha de una nueva etapa de crecimiento en la economía española: ¿no son más las carencias que las bondades de la nueva ley?
